En el actual proceso electoral, hemos sido testigos que los partidos políticos y sus candidatos no sólo piden tu voto como ya es frecuente en esta época de vendimia electoral, sino también hasta los más temerarios ofrecen garantizar el cuidado de nuestros hijos.
Pero como creer en estas promesas electorales, si observamos que estos spots se difunden en horarios donde niñas, niños y adolescentes están expuestos, en la mayoría de las ocasiones, a un contenido violento y un lenguaje no apto para ellos.
Hecho que no debe pasar desapercibido, cuando en nuestro país los menores de 15 años suman alrededor de 33 millones y equivalen al 28% de la población y, sin embargo, advertimos que, sin importar esta cifra, los contendientes en estos comicios, en un pragmatismo puro, bajo la lógica de aplastar a quien se cruce en su camino, difunden promocionales en radio y televisión a diestra y siniestra, sin escatimar si estos van dirigidos o no a espacios infantiles.
Es así como se advierte que los partidos políticos y sus candidatos, se escudan en la libertad de pautar sus promocionales, sin censura previa, en los segmentos garantizados que se distribuyen en cada hora de transmisión de radio y televisión, manifestando una falta de regulación expresa que permita una focalización y distinción cuando el público receptor sea infantil.
Pero ¿no es deber de los contendientes proteger los intereses de todos los mexicanos y mexicanas y, más cuando se trata del interés superior de los menores? Al parecer esto no importa, pasando por alto la obligación consignada en el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que los tiempos del Estado destinados para la niñez deberán tomar en cuenta, principalmente, evitar contenidos que estimulen la violencia o hagan apología a ella o promueva un lenguaje altisonante, entre otros.
No obstante, se presencia una falta de voluntad de los actores políticos y de desatención para producir promocionales con contenido que protejan a nuestros niños, en contrapartida, nos encontramos con la paradoja que los partidos y candidatos son los primeros en levantar la mano para denunciar una posible calumnia por la imputación de hechos y delitos falsos que se realicen en contra de ellos.
En otras palabras, cuando se encuentran inmiscuidos los adultos para nuestra clase política el contenido y lenguaje si importa, pero cuando se trata de los menores no importa, porque desde su lógica, es una población que no reporta un botín en votos.
En este sentido, nuestra población infantil y los ciudadanos en general, estamos atados de manos ante el silencio que guarda nuestra legislación electoral, pero siempre hay una luz al final del túnel y esta se encuentra representada por las quejas y denuncias que podamos presentar como personas de a pie y sociedad civil organizada, que en su momento, han sido atendidas por el Tribunal Electoral y sus Salas respectivas, las cuales han dejado testimonio que, a pesar de la ausencia de criterios, es posible construir los grises para la protección del interés superior del menor.
Situación que se ha traducido en el establecimiento de requisitos mínimos para la aparición de los menores en los promocionales de los partidos políticos, misma que pasa por la manifestación de su consentimiento expreso aunado a la autorización de sus padres o tutores, evitando su participación en spots cuyo contenido sea violento o, que simplemente, los deje en estado vulnerable.
Sin quedarse atrás en esta asignatura, el INE a fines del año pasado suscribió un convenio de colaboración junto a Canal 11 para producir contenido adecuado para el público infantil, dejando abierta la invitación para que los partidos políticos participaran de este esfuerzo, pero como se ha venido relatando estos han brillado por su ausencia.
De tal suerte, a reserva de que los ciudadanos continuemos insistiendo en la salvaguarda de los derechos de nuestros niños, a partir de la necesidad de que nuestros tribunales armonicen el interés superior del menor y la libertad de expresión de los partidos políticos y sus candidatos.
No debe pasar desapercibido que es urgente que en la próxima reforma electoral se obligue a nuestros políticos a difundir promocionales que atiendan las necesidades del público infantil, cuyo punto de partida tiene que pasar por la integración de la clasificación de contenidos de RTC, en especial, la clasificación doble “AA” que busca que los niños no sean bombardeados por contenido violento, lenguaje inapropiado, entre otros.
Mientras tanto, se guarda la esperanza de que nuestra clase dirigente recapacite y se tome en serio los derechos de los infantes en nuestro país, nos seguimos preguntando señores políticos ¿dónde quedaron los derechos de los niños apá?
@JorgeAljovin
