En 2019, cuando se propuso la creación de la Guardia Nacional, el ejército mexicano alertó que su participación en labores de seguridad pública iba en contra de acuerdos internacionales firmados por México, donde se definía que el mando de las policías debería ser civil.
En un documento de respuesta al congreso hackeado por el colectivo guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que el encargarse del único cuerpo policiaco a nivel nacional, implicaría un alto costo económico, ya que se tendría que destinar un gran número de personal, vehículos, material y armamento.
En su respuesta al congreso, la Secretaría de la Defensa Nacional definió que su labor constitucional es la de salvaguardar la seguridad nacional, que se define como garantizar la integridad y soberanía del país, mientras que la seguridad pública, es una responsabilidad del estado, basada en salvaguardar el orden y la paz entre la ciudadanía.
Sin embargo, la comunicación de la Sedena no fue escuchada y en ese mismo año, se creó la guardia nacional y tres años después, se extendió el plazo para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública hasta el 2028.
Para constitucionalistas, el congreso de la unión debió haber escuchado la posición inicial del ejército, porque al mantenerlo en labores de seguridad nacional, está violando la constitución.
Siempre en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo militarizar a la seguridad pública en el país, todavía hoy, el mandatario les advirtió a los congresos locales que analizan la reforma constitucional para alargar la presencia del ejército en las calles, que si vota en contra, de todas maneras la seguridad estará a cargo de la secretaría de la defensa nacional.
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