domingo, agosto 25, 2019

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Ley de Participación Ciudadana carece de transparencia; debe derogarse, exige Coparmex CDMX

agosto 13, 2019
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  • Asegura, es inconstitucional, autoritaria, discriminatoria y violatoria de derechos humanos y políticos
  • De aprobarse, irán a amparos; puede ser una caja de resonancia negativa a nivel nacional, advierte

 

Por Guillermo Pimentel Balderas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México (CDMX), demandó al Congreso local se lleve a cabo una exhaustiva reconsideración a los huecos y riesgos que representa aprobar al vapor la Ley de Participación Ciudadana por no haber generado los procesos de debate, análisis y discusión pública que esta legislación exige. 

Además, consideró que esta Ley, es inconstitucional, autoritaria, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y políticos, por lo que conminó a los congresistas de la capital, a  derogar el artículo décimo transitorio e instruir al instituto local que emita la convocatoria correspondiente a fin de dar efectividad a los procesos de participación democrática en todas las colonias de nuestra ciudad capital, de acuerdo con la legislación vigente de participación ciudadana.

En rueda de prensa, Claudia Guzmán, Consejera Nacional y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex CDMX, alerto que la  nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, puede ser una caja de resonancia negativa a nivel nacional.

Consideró que el pre-dictamen que, será discutido el próximo 12 de agosto, exige de la revisión y participación de la ciudadanía a fin de que éste, no sea aprobado en las condiciones en que fue presentado. 

La profesionista, lamentó que, en especifico, el diputado José Martín Padilla Sánchez (de Morena), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, haya hecho caso omiso al exhortó de Coparmex de que asuman su responsabilidad histórica y salir de la lamentable omisión legislativa en la que se encuentran, así como la falta de respuesta ante las observaciones y propuesta a considerar en la construcción de la nueva Ley de Participación Ciudadana.

También, advierte el riesgo de que una Ley con visos antidemocráticos como la que pretenden aprobar los congresistas de la CDMX, puede resultar un efecto cascada en el resto del país. 

Guzmán González, conminó a los legisladores a actuar de acuerdo con los estándares internacionales, en pleno apego a la Constitución de la Ciudad de México, garantizando el derecho a la buena administración, el buen gobierno y a la democracia participativa, que eviten que la ciudadanía deba recurrir a un juicio de amparo colectivo, para defender legítimamente sus derechos, pues la responsabilidad del Congreso es fomentar y asegurar la participación en igualdad y en el marco de la ley.

Convocó a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a la Academia y a los sectores público y privado, a generar un clima de exigencia y debate público razonado, a fin de defender la Ciudad Capital y su reputación como Referente internacional en la implementación de buenas prácticas para el ejercicio e innovación de la democracia participativa, y sumar esfuerzos para evitar que el pre-dictamen de la nueva Ley de Participación Ciudadana sea aprobado en los términos en los que está redactado.

Destacó el riesgo de que el dictamen sea aprobado cómo está su redacción actual porque al ser nuestra Ciudad Capital caja de resonancia a nivel nacional, se corre el riesgo de que inicie un efecto cascada en los Congresos Locales Estatales.

Congreso debe corregir el camino

Por su parte, en su intervención, en la reunión con las reporteras y reporteros, Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex Nacional, calificó como un absurdo que en un tema de participación ciudadana, no haya representantes de la ciudadanía.

Demandó de igual forma que el congreso corrija el camino, entre otros puntos donde pretende que la autoridad sea juez y parte en procesos de revocación de mandato o en la definición de proyectos de presupuesto participativo.

“En este último, se fomenta el asambleísmo que no es una figura democrática legítima, porque lo que se debe estimular es la participación mediante el voto directo y secreto de todos los ciudadanos”, acotó.

Barba Nava, quien también fue presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, ve otro problema cuando “se prevé la asignación de recursos a ciertos comités de participación ciudadana, lo cual es un absurdo porque sería involucrarse en el ejercicio directo de los recursos públicos con todas las consecuencias jurídicas y de fiscalización que pudieran darse”.

Destacó que debe haber un debate incluyente donde participe no sólo el sector empresarial, sino también la academia, los sindicatos de trabajadores y la sociedad civil en general, con todos sus derechos, porque hasta ahora “falta claridad, transparencia y no podemos permitir este mal ejemplo de la CDMX en el resto del país”, subrayó.

Por esto mismo, exhortó al Congreso de la CDMX para que reconsidere el proceso de creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana y no se tire por la borda el recurso presupuestal ni el proceso correspondiente a 2019, que todavía es oportuno realizarlo y no llevarlo hasta 2020.  “Porque la siguiente pregunta es qué se va a hacer con los 1,200 millones de pesos que están presupuestados para 2019”.

Los dirigentes en la COPARMEX CDMX y Nacional explicaron que pese a que no debiera ser necesario, acudirán a todos los recursos legales disponibles para parar esta afectación a los derechos de los ciudadanos y la democracia participativa, incluidos los tribunales internacionales.

En concreto, las Comisiones para el Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX y la Nacional, exhortaron al Congreso de la Ciudad de México a derogar el artículo décimo transitorio e instruir al Instituto Electoral local, a emitir la Convocatoria Única para elegir Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo previstos en la ley, porque no hay razones jurídicas suficientes que justifiquen la suspensión de una ley vigente en tanto no se apruebe una nueva.

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