La militarización de la seguridad pública sigue su paso firme.
El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional interpuesta por la oposición en el congreso, en contra del decreto que permite a las fuerzas armadas participar en labores de seguridad pública hasta 2024 y el jueves, una juez federal eliminó una de las dos suspensiones definitivas que detiene el traslado de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional.
La juez décima de distrito en materia administrativa, Dinorah Hernández, negó la suspensión definitiva otorgada el pasado 15 de noviembre a la organización causa en común, que ordenaba el regreso de personal y de los recursos de la guardia nacional al ejército, proceso que se había comenzado por la aprobación en el congreso de la nueva ley sobre seguridad pública en septiembre.
La juez no publicó los motivos por los que negó la vigencia de la suspensión definitiva… cabe destacar que la juzgadora asumió su cargo el pasado 16 de noviembre en sustitución del Juez Roberto Fraga, quien había dictado la medida que detenía la entrega administrativa del cuerpo policiaco federal al ejército.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común alertó que el poder judicial se está doblegando al militarismo en el país y está cediendo a la presión que, desde palacio nacional, se está haciendo para que el ejército controle la seguridad en todo el territorio.
Para el senador del PAN, Damián Zepeda, la corte le está haciendo el trabajo sucio al poder ejecutivo, al avalar la militarización de la seguridad pública, que a todas luces es inconstitucional.
Pese a la eliminación de la suspensión definitiva para la incorporación de la guardia nacional a la SEDENA, aún resta otra decisión judicial, otorgada por la Juez Karla María Macías, del Estado de Guanajuato, que ordenó regresar a la corporación policiaca a la secretaria de seguridad pública desde octubre pasado.
@agsarubbi
