Luego de que se descubrió que el juez José Díaz de León Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, presuntamente exige cuotas mensuales a cuando menos siete funcionarios de su juzgado a cambio de otorgarles cargos o con la amenaza de quitarles los que ya tienen, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió una investigación en su contra.
Las acusaciones señalan que el juez Díaz de León exige el dinero, en sobres cerrados, para supuestamente entregarlo a su vez a “los altos mandos” del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El pleno del CJF acordó la investigación por unanimidad de siete votos del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, y de los consejeros Felipe Borrego Estrada, Jorge Antonio Cruz Ramos, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Alfonso Pérez.
La indagatoria contra el juez se inició luego de que una funcionaria a su mando documentó la forma en la cual Díaz de León Cruz les exigía el efectivo, de acuerdo con documentos en poder de La Razón. En la querella, detalló que el dinero era aparentemente para sustituir un porcentaje de su sueldo, que le es descontado por concepto de una pensión alimenticia.
Las autoridades investigarán también las cuentas bancarias y propiedades que pueda tener la familia del juez Díaz de León como su cónyuge, hijos, hermanos, padres, entre otros.
Mediante el oficio SEFSP/DGRH/URL/36407/2917 de la Dirección General de Recursos Humanos, conoció las percepciones cubiertas vía nómina por el juez y confirmó que efectivamente se le aplica un descuento de 65 por ciento concepto de pensión alimenticia.
La denuncia presentada detalla uno a uno los nombres de los funcionarios a los que les exige las cuotas mensuales, los cargos que ostentan y la temporalidad de sus plazas, bajo las órdenes del juez Díaz. Entre ellos se enlista a secretarios de juzgado, oficiales administrativos y analistas jurídicos.
El juez José Díaz de León Cruz les exigía a cada uno de ellos que le otorgaran distintas cuotas de acuerdo con su salario mensual. Además, debían darle una parte proporcional del aguinaldo y de los bonos que percibían, detalla la querella.
Al conocer toda esta información acusatoria, el CJF ordenó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina abrir la indagatoria y a la Contraloría del PJF hacer lo mismo.
De manera textual, les pide investigar al juez e incluso solicitar “a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Conducto de la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, un informe de los registros y operaciones bancarias del mencionado funcionario judicial y de sus familiares que corresponda (cónyuge, hijos, hermanos, padres etcétera), por el periodo comprendido del uno de febrero de dos mil quince a la presente fecha”.
El CJF agrega a la Contraloría que “de considerarlo conveniente, recabe ese mismo tipo de información en el extranjero en lo concerniente a la citada temporalidad”.
En un comunicado, añadió que la información divulgada es imprecisa y correspondiente a una versión inicial, de mera investigación no concluyente.
Enfatizó que al hacer públicos nombres de terceras personas inmersas en un proceso de esa naturaleza, se violan derechos humanos, de privacidad y el principio de inocencia.
El Consejo de la Judicatura Federal ejecuta todos sus procedimientos internos con apego a los lineamientos de sigilo y protección de datos personales, sostuvo.
Con información de La Razón, Milenio y 24 Horas
