El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR-CENAPI) deberá buscar y dar a conocer las acciones emprendidas para prevenir actos de corrupción en su interior, así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez manifestó que este tipo de asuntos ponen en evidencia el interés de la ciudadanía por saber qué acciones toman las autoridades para prevenir la corrupción y la información pública sobre el tema le permite evaluar la implementación y la efectividad de las políticas anticorrupción.
“Además, les abre la puerta para involucrarse en el control de la misma. También contribuye a que las autoridades puedan mejorar sus estrategias actuales. Cuando las instituciones públicas demuestran compromiso para prevenir prácticas corruptas en su interior, contribuyen a restaurar la confianza de la población en dichas instituciones y en la democracia, permitiendo así que la economía se reactive”, enfatizó.
Salas Suárez dijo que, de acuerdo con las encuestas, la población en México percibe a la corrupción como un fenómeno común que desprestigia a las instituciones, daña la economía y deslegitima la democracia, al recordar que los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son las apuestas del Estado para generar apertura y controlar este lastre.
“A pesar de los avances alcanzados, el Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta algunos impedimentos para funcionar plenamente, como la falta de la designación del fiscal anticorrupción, algunos sistemas locales no están completos y no se ha generado, por el momento, una política nacional anticorrupción que articule el trabajo entre las instituciones públicas y los distintos niveles de gobierno”, remarcó el comisionado.
Una particular solicitó dicha información, así como saber si en esa institución se ejecuta o diseña algún programa que atienda las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Informe del Estudio sobre Integridad en México.
En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la PGR, dijo ser incompetente para conocer de la información y orientó a la particular a dirigir su solicitud ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la propia PGR, pero por conducto de la Visitaduría General, así como de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, PGR-CENAPI reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez señaló que la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración Justicia, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, tiene por objeto proponer la creación y actualización del Código de Conducta, instrumentos normativos, procesos, procedimientos y criterios a seguir por los servidores públicos adscritos a la Procuraduría, con el propósito de contribuir con el desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, ética y derechos humanos.
Con información de Quadratín
