El 25 de noviembre habrá de conmemorarse el Dia Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En atención a ello, los 25 de cada mes se señala como “Dia Naranja”. Esto es un reconocimiento a que la lucha por el pleno goce de derechos políticos, sociales y económicos de quienes representan el 51.2 por ciento de la población de México no es un tema de un solo día, sino de toma continua de conciencia sobre la importancia de esta lucha, misma que corresponde tanto a hombres como mujeres por igual.
La lucha por la equidad de género presenta claroscuros. Por un lado, a través de importantes medidas tomadas en un esquema de las llamadas “acciones afirmativas”, antes denominadas en la literatura especializada como “discriminación positiva”, se han logrado reformas constitucionales y legales que garantizan la paridad en cargos de elección popular. El 49 por ciento de integrantes de la nueva legislatura federal son mujeres, en tanto que, en este año 525 mujeres gobernarán los municipios y alcaldías del país.
Sin embargo, según el INEGI, el 2019 se convirtió en uno de los años más elevados en registro de feminicidios, ya que en los 12 meses se registraron 1,006 víctimas que, en comparación con los registros del 2018, significó un aumento del 10%, cifra que se sitúa incluso por arriba del aumento en homicidios dolosos en general que fue del 2.5% en los mismos años de comparación. También para el reporte del 2020, México cerró con 3.723 muertes violentas de mujeres, sumando feminicidios y homicidios dolosos, dicha cifra aumentó durante en tiempos de pandemia.
Por su lado, la Secretaría de Seguridad Pública expone que, en los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado en un 7,1% con respecto al mismo periodo del año anterior; de enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género. Otros delitos como las violaciones todavía han crecido más, esto es, un 30% en comparación con los mismos meses de 2020.
Estos fenómenos de violencia contra las mujeres son en nuestras ciudades, temas que concitan a la movilización pública de grupos feministas e impactan en forma importante en la opinión pública. Sin embargo, pareciera que dejan de lado un fenómeno que hoy en día pareciera no encontrar eco en el debate nacional. Me refiero al drama social que de las casi 6 millones de mujeres indígenas que viven en México, de acuerdo con el Censo 2020.
Justamente este Dia Naranja nos encontramos con la novedad de que la cotidiana laceración a la dignidad y derechos humanos de cientos, tal vez miles de niñas de comunidades indígenas en Guerrero, quienes son vendidas por sus padres para darlas en matrimonio, es un asunto menor o, al menos, justificable por los usos y costumbres de estas comunidades.
La declaración del Presidente de la República, a pregunta de un reportero, quien señaló expresamente que: “Lo de la trata o prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades como a veces se presenta en los medios de información, en La Montaña de Guerrero se venden las niñas, no, puede ser la excepción, pero no la regla”, no solo es muy poco afortunada, sino que además encierra una visión perversa y totalmente contraria a la visión moderna de los derechos humanos.
Sostener que en las comunidades indígenas, por tener importantes valores culturales y además ser por lo general “pobres”, esta práctica es justificable, ya que se da supuestamente unos “cuantos casos” y no es la generalidad, es tanto como no horrorizarnos ante la mutilación genital femenina (MGF), también llamada ablación del clítoris, practicada en países como Somalia, Sierra Leona o Mali por razones religiosas y culturales, que podrían ser tan válidas finalmente, como los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas.
Tanto en África como en las comunidades indígenas en México, la dignidad e integridad de las mujeres no es un asunto justificable ni por cantidad de casos ni por su lugar en la cultura local. La forma de atacar esta visión empieza por llamar a las cosas por su nombre y aquí no hay de otra, se trata de una violación flagrante y, lamentablemente hasta consentida, de los Derechos Humanos de quienes son hoy día las más vulnerables dentro de los grupos vulnerables: las niñas indígenas.
