Vivir en alguna de las 74 zonas metropolitanas de México pareciera representar significativas ventajas para sus habitantes. Pero ¿qué pasa cuando esta conurbación, en vez de generar sinergias positivas, trae consigo duplicidad de trámites, reglas no claras, disparidades en disposiciones normativas, temas todos ellos que obstaculizan la inversión, la generación de empleos y la atención a los problemas de las metrópolis que no se limitan a las demarcaciones de estados o municipios?
Mucho hemos escrito en esta columna que los asuntos metropolitanos no se circunscriben al territorio. La contaminación ambiental, la disposición de residuos sólidos urbanos, el manejo de aguas residuales, el tráfico vehicular, la seguridad pública, la movilidad intrametropolitana, y muchos más, son temas que no respetan fronteras.
Sin embargo, en aras de la soberanía y la autonomía de estados y municipios, los marcos normativos si respetan dichos límites territoriales. En efecto, las leyes locales no pueden tener un carácter de extraterritorialidad e intentar imponerse en jurisdicciones más allá de sus límites.
¿Cómo lograr entonces, con respeto a la posibilidad que tienen las entidades federativas de proveer su marco legal interno en forma libre y soberana, que las zonas conurbadas no presenten estas discrepancias?
A finales del 2021 los diputados mexiquenses que conforman la LXI Legislatura aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para incorporar la figura del Parlamento Metropolitano; dicha reforma faculta a la Legislatura a comunicarse e impulsar la coordinación con otros Congresos Locales para promover la conformación del Parlamento Metropolitano.
En el caso del Valle de México, se han realizado en el pasado reciente este tipo de encuentros, mismos que han permitido un intercambio de diagnósticos sobre el estado de las legislaciones entre las entidades y proyectos de homologación en muchas materias, poco en concreto.
No obstante, La importancia de que la Legislatura Local promueva la coordinación y participación colaborativa con otras legislaturas permite transitar a estructuras relacionales que implican la vinculación e interdependencia entre los distintos actores institucionales para impulsar iniciativas de ley para el desarrollo sostenible regional y de las zonas metropolitanas.
Así, con la propuesta de reforma, se coadyuva en impulsar la participación tanto de las diversas instancias gubernamentales y de los distintos niveles de gobierno, así como de la ciudadanía, en los asuntos que se requiera, y en los que se encuentren involucradas dos o más demarcaciones territoriales o Entidades Federativas, con la finalidad de establecer una mejor coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, dando pauta a la pluralidad de ideas y estar en el mismo contexto de los temas a legislar, buscándose precisamente que en el proceso legislativo, se cuente con la participación de los distintos actores en todos los ámbitos y niveles, en procuración de los intereses de los mexiquenses.
Los retos de las zonas metropolitanas en materia de gobernanza requieren respuestas audaces, criterios amplios y voluntad política.
Lo más importante, colocar al ciudadano en el centro. Un ciudadano metropolitano no debe andarse preocupando por conocer dos reglamentos de tránsito que sancionan alguna falta en forma distinta solo por haber cruzado una calle que ya es territorio de la otra entidad; o bien, siendo tratado en programas sociales en forma desigual, como ocurre a estudiantes de primarias que viven en el Estado de México, pero estudian en la CDMX o viceversa, y ya no cumplen requisitos para obtener cierto tipo de becas.
Esperemos que el Parlamento Metropolitano sea un paso importante para hacer de la gran ciudad, espacio de todos, ciudad próspera, que atraiga inversiones, tenga un desarrollo inmobiliario armónico y cuente con una planeación del futuro común.
