- Urge al Presidente inicien obras a pesar de ir contra derechos de indígenas y pueblos originarios de la Península.
- Presidencia junto con Fonatur, interponen recurso de queja contra amparo de comunidades; mientras, CNDH les da atole con el dedo.
Por Guillermo Pimentel Balderas
“Llueve, truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya; lo quieran o no lo quieran», dijo tajantemente el 20 de septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una gira que hizo a Hecelchakán, Campeche.
Apenas, en una de sus tantas mañaneras, insistió que ya le urge salir de gira y que entre sus prioridades está la de dar el banderazo de inicio de obras del Tren Maya, uno de sus proyectos emblema del sexenio junto con la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucia.
Ya le anda al jefe del ejecutivo porque se empiece a trabajar en la Península, por lo que prometió que, en caso de que los médicos y especialistas no se lo permitan, dará un banderazo virtual el 30 o 31 de mayo.
Este megaproyecto -ideado por el propio mandatario- no puede esperar pues la única condición que puso AMLO a las empresas contratadas –como Carso, GIA+A y Gammi (relacionada con los jugosos contratos durante su gestión en la Ciudad de México), entre otras-, deben contar con autorización del sector salud y la Secretaría del Trabajo, conforme a los protocolos establecidos para que la industria de la construcción sea una actividad esencial y opere a partir del 1 de junio.
Todo parece indicar que, el Presidente se saldrá con la suya pues los “obstáculos” que tiene, como son los numerosos recursos legales que han interpuesto los indígenas y pueblos originarios, asi como de la sociedad civil y colectivos, ante el poder judicial federal y local, y ante la CNDH, por ejemplo, al parecer, son fáciles de escalar.
Sin embargo, es un hecho que persistirá la denuncia y la demanda indígena y de las poblaciones de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que, seguramente, saldrá afectada con este otro capricho del presidente. Pero, no están solos, hay muchos organismos colectivos como AEQUUS, al frente Víctor Caballero, que acompañan la lucha de las comunidades indígenas y pueblos originarios contra todos los proyectos de muerte que quiere imponer este gobierno, como es el caso del Tren Maya.
¿Le pueden aguar la fiesta a AMLO?
Por el momento, existe una suspensión (provisional) decretada por un Juez -puesto que la definitiva se resolverá en estos días-, en la cual se permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado, Tren Maya, tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo, en especial, en el tramo de Palenque para salvaguardar la salud de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua.
También, se reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medio ambiente, recursos naturales, entre otros.
Hasta el momento –del cierre de la edición-, información confirmada, indica que la audiencia señalada para las 10 de la mañana del 22 de mayo, con todos los informes correspondientes del amparo de los indígenas, básicamente contra la presidencia de la república y contra el Fonatur, no habría alguna razón legal para que se suspendiera la audiencia pues se cumplió con todos los requisitos para celebrarla.
Sin embargo, a pesar de que ya está legalmente todo constituido, la presidencia de la república y el Fonatur interpusieron un recurso de queja contra el acuerdo del juez II de Distrito de Amparo y Procesos federales, del estado de Chiapas –alegando, con argumentos falaces, como promover violación a la ley al sugerir desacato judicial-, que concedió la suspensión provisional a las comunidades que interpusieron el amparo; es decir, que estas dos autoridades están impugnando esta suspensión provisional.
Al respecto, el juez de distrito ordenó que se reintegrara ese recurso de queja y lo van a remitir a un tribunal colegiado, que le corresponde resolver. Así, estaremos atentos a saber qué resolución se le da…
Hasta entonces, de la parte de la suspensión definitiva, existe la posibilidad que sea hasta el próximo lunes 25 de mayo, cuando se sepa oficialmente, con la publicación de las resoluciones que se celebran en los juzgados un día hábil anterior. Hasta entonces, se tendrá la definición absoluta de la resolución del amparo indígena.
De acuerdo a voceros del movimiento, estaba todo listo para celebrar la audiencia y hasta que se tenga la in formación concreta se confirmaría, pero debido a que presidencia y Fonatur están impugnando, lo más probable es que se daría a conocer hasta el próximo lunes.
Pero, en caso de resolver en contra de los demandantes, dicho Juez, dejaría en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto “de muerte” de dicho tren.
CNDH, atole con el dedo
En tanto, los comuneros tienen una resolución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que les otorga medidas cautelares para actividades “no esenciales” en el avance del “Tren Maya”.
El 6 de mayo de 2020, organizaciones civiles, colectivos indígenas y residentes de los tres estados de la península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitaron medidas cautelares o precautorias por las actividades que actualmente se llevan a cabo en la región para ejecutar el proyecto denominado “Tren Maya.
En la queja, argumentan que estas actividades entre las que se encuentran licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras, que no se clasifican como esenciales, según el mismo gobierno federal, ponen en peligro la salud, la vida, la integridad personal, y medio ambiente sano de sus personas, las de sus familias y la población de la región por los riesgos de contagio de la enfermedad COVID-19 que estas actividades presentan.
Exponen, en un escrito, que a razón de esta enfermedad, la Secretaría de Salud ha declarado una emergencia sanitaria desde el 30 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2020, recomendando el confinamiento de las personas y restringiendo la actividad comercial, empresarial y productiva de varios sectores.
Sin embargo, el proyecto del tren en el sureste mexicano no se ha detenido atentando contra la salud y la vida de millares de personas indígenas y no indígenas en la región. Estas actividades de ejecución del nombrado “Tren Maya”, subrayan, representan un abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados ya que avanzan mientras que la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia por las suspensiones que se han decretado para proteger la salud, vida e integridad personal de los que colaboran en los organismos que brindan el servicio de acceso a la información así como de los organismos jurisdiccionales federales que deciden sobre la constitucionalidad y legalidad de este tipo de acciones del gobierno federal.
Por ello, estas organizaciones solicitaron la intervención de la CNDH y según un comunicado de la propia CNDH (del 14 de mayo del 2020), señala que ante la contingencia por el COVI-19, se actualizan la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de las regiones en donde avanza el proyecto del Tren Maya por lo que solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que suspendiera todas las actividades “no esenciales” relativas al proyecto denominado “Tren Maya.”
Pero, los quejosos alegan que en el comunicado de la CNDH no se especifica a qué se refiere con “actividades no esenciales” pero “asumen que son las enumeradas en los decretos que ha emitido la Secretaría de Salud al respecto de la declaración de Emergencia Sanitaria desde el 29 de marzo del año en curso.
“Si bien, las medidas no hacen referencia a la posible violación al derecho a un medio ambiente sano, así como a las vulneraciones derivadas de la falta de consulta y consentimiento informado hacia las comunidades indígenas, sí evidencia la arbitrariedad con la cual el ejecutivo federal y específicamente, FONATUR, han actuado al mantener, a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos, la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionada por diversos sectores”, destaca el documento.
En esa tesitura, subrayan que es obligación del Ejecutivo Federal acatar dichas medidas e iniciar, una vez terminada la fase de contingencia sanitaria, un diálogo verdadero con las comunidades afectadas por dicho proyecto.
Carta Abierta de forestales mayas al mandatario
También, en una Carta Abierta al presidente, los comisariados de los ejidos forestales de la Zona Maya, le recuerdan que tiene su palabra empeñada y la promesa de que en el proyecto del Tren Maya las personas locales son la prioridad.
Además, de que prometió se generarán oportunidades laborables para mejorar la calidad de vida, con medidas ambientales, servicios y respeto a su cultura. También, produciendo una derrama económica local, creando y distribuyendo la riqueza. Y, por si fuera poco, asegurando que “la principal rentabilidad del tren es el bienestar social”.
En este escrito, con la firma de más de 40 comisarios ejidales del estado de Quintana Roo, y miembros de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, y que le entregaron personalmente, durante su visita al municipio de Felipe Carrillo, en noviembre del año pasado, le solicitan su apoyo para que los durmientes de madera se les compren a ellos; “lo tomaremos como el cumplimiento de su palabra siendo esta una prueba palpable de que verdaderamente las comunidades mayas son prioritarias para usted”, se subraya.
Le recuerdan que en el proceso de consulta del proyecto realizado en diciembre de 2019, las comunidades se manifestaron de esta manera: “bienvenido el proyecto del tren maya si y solo si se atienden adecuadamente nuestros rezagos”.
Demandan un “Tren Maya con justicia social” y que las comunidades sean incluidas en el desarrollo. “No queremos que el Tren Maya sea llevado a cabo sin una participación real de las comunidades indígenas sin ver los beneficios que se prometen”, destacan.
Mencionan en su escrito que el 8 de diciembre de 2019, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, informó que recibieron la petición que le entregaron al presidente en su visita. El funcionario les aseguró que sí tomará en cuenta su petición.
Además, acotó que los durmientes de madera sólo se consideraran para algunos tramos, sobre todo en curvas de vía y en los “broches” o zonas en los que habrá puentes elevados para el paso del ferrocarril.
Les aclaró que a Fonatur sólo le corresponde hacer recomendaciones, pues todo el proceso de licitación de suministros se hará a través de licitaciones nacionales e internacionales como ya se está viendo.
“Con esta respuesta, Fonatur se deslinda de su compromiso, ya que solo puede hacer recomendaciones a las empresas que participan en la licitación. ¿Será que ya realizó estas recomendaciones a las empresas que ganaron las primeras dos licitaciones?”, se preguntan.
Acusan que el director de Fonatur menciona que tratará en la medida de lo posible, que los consorcios ganadores contraten a empresas locales, aunque admitió que el panorama es complicado. Y, prometió que insistirá en que se contraten a proveedores y materias primas locales.
Sin embargo, se preguntan: ¿Qué mecanismo tiene Fonatur para lograr esta promesa y hacer que las empresas ganadoras de la licitación nos compren a nosotros los durmientes? Nuestra petición que le entregamos en noviembre de 2019, efectivamente fue escuchada y atendida como se muestra con la declaración del director de Fonatur; pero, nos preocupa el señalamiento de Fonatur que indica que sólo le corresponde hacer recomendaciones”.
Definitivamente, los forestales mayas consideran en su carta que esto significa una gran incertidumbre para ellos, ya que las obras (incluyendo suministro de durmientes) dependerán de las empresas ganadoras para la construcción y precisan que los durmientes de madera se producen a partir de recursos naturales renovables, no así los de hormigón que utilizan recursos naturales no renovables.
“ Tenemos la información técnica que soporta la posibilidad de aprovechar árboles para producir los durmientes ya que, en nuestras Áreas Forestales Permanentes existen más de 120 especies diferentes por hectárea, para producir los durmientes solamente se utilizarían diez”, se puntualiza, pero aún así, no ven claras las declaraciones de Rogelio Jiménez Pons – director del Fonatur-, al indicar que la construcción de las vías y la plataforma, así como la compra de los materiales necesarios y el proyecto ejecutivo –del Tren Maya-, son parte de los contratos ganados por las empresas.
Subrayan: “En su visita –del presidente- a nuestro municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo -, en noviembre del año pasado, nos expuso el proyecto del Tren Maya, prometiendo que: las personas locales son la prioridad, generando oportunidades laborables para mejorar nuestra calidad de vida, con medidas ambientales, servicios y respeto a nuestra cultura. Generando una derrama económica local, creando y distribuyendo la riqueza. Indicando que la principal rentabilidad del tren es el bienestar social”.
Pero, hay indignación, incertidumbre y desconfianza en estas palabras.
