La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de diversos preceptos de la Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto 443, publicado el 10 de febrero de 2021.
En la sesión pasada, el Pleno invalidó la porción normativa “y con discapacidad intelectual” contenida en el segundo párrafo del artículo 129 Bis del citado ordenamiento, al determinar que existía la obligación de consultar a las personas con discapacidad de manera previa a la expedición del decreto impugnado, de conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no se llevó a cabo.
Siguiendo la línea establecida en precedentes, la SCJN determinó que la invalidez de dicha porción normativa surtirá efectos dentro de los dieciocho meses siguientes a que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso local, el cual quedó vinculado para que, en el plazo señalado, lleve a cabo la consulta conforme a los parámetros establecidos por el Pleno y emita la regulación correspondiente.
