Los magistrados de Chihuahua Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, éste último ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de esta entidad, fueron reinstalados en sus cargos la semana pasada, mientras continúa la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado(FGE) sobre un supuesto desvío de 7.1 millones de pesos.
Según la acusación, el desvío obedece a la adquisición de una bóveda de almacenamiento digital para videos y audios de las audiencias de juicios orales que habría sido comprada con un sobrecosto (45%).
Ramírez Alvídrez explicó que avanza la suspensión provisional, “ya está otorgada la suspensión, pero en sus consideraciones el Tribunal Colegiado analizó cuestiones del fondo del asunto y atisbó que los magistrados son inamovibles. El poder Judicial de la Federación le dio un revés a la política de persecución del gobernador (Javier Corral, toda vez que la investigación se realizó en su administración)”.
Indicó que el Tribunal no actúa legalmente, “nos dieron la suspensión definitiva, ya regresamos a nuestras Salas y espero que las batallas sean otras; lo jurídico lo vamos ganando y estamos empezando el juicio”.
El 8 de diciembre pasado, los servidores públicos fueron suspendidos de manera provisional de sus cargos, por parte del Consejo de la Judicatura, señalados por el supuesto delito de peculado, pese a que Sepúlveda aún no ejercía el cargo de presidente de dicho órgano y no firmó contrato alguno.
El 30 de enero 24 HORAS dio a conocer que la acusación en contra de Ramírez Alvídrez recae en que no tuvo el debido cuidado en la aportación del recurso, ya que la bóveda debía estar instalada en marzo de 20017 y fue hasta mayo que se recibió.
Dicho retraso obedeció, a que el Tribunal cambió de domicilio, de Paseo Bolívar No. 800, colonia Centro, a Melchor Ocampo 119, colonia Barrio de San Pedro, situación que el Consejo de la Judicatura no tomó en cuenta para advertir la demora de la obra.
