Por un supuesto brote de COVID-19 en sus instalaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) reagendó la comparecencia de científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Mónica Ramírez, exfuncionaria de Conacyt, se presentó este lunes a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para atender un citatorio, pero en el sitio se le dijo que la comparecencia no se llevaría a cabo.
El exdirector de Planeación Tecnológica, Rafael Pando Cerón, también debía presentarse a las instalaciones, pero se decidió reagendar su comparecencia.
De acuerdo con Milenio, siguen vigentes citaciones para mañana miércoles y para el jueves.
El 21 de septiembre un juez negó girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios de Conacyt, al argumentar que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico operó dentro del marco de la ley, por lo que los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 fueron legales.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la FEMDO, reveló que se buscará cómo reformular su solicitud y dejó en claro que no se buscaba “satanizar” a los científicos.
Caso Conacyt
El caso se remonta a 2019 cuando Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
La dirección de Conacyt argumentó que el Foro realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y que no tenían por qué adjudicarse a terceros, además de que presumió irregularidades en la asignación de recursos.
En respuesta, Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue desechado.
Sin embargo, los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.
Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.
Señaló que el dinero también fue “para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.
La asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.
No obstante, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.
Esas autorizaciones existieron, pero se realizaron al amparo de la ley. No hay ningún origen ilícito de los recursos. El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”, dijo uno de los académicos denunciados a Animal Político.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso y en agosto pasado oficiales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) comenzaron a visitar a los investigadores denunciados para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una investigación penal en su contra.
Con información de Milenio
