La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presentó con diversas reformas y adiciones a varios artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una iniciativa para que la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) sea considerada como un tipo de violencia ejercida en contra de la mujer embarazada y su bebé también como posible víctima de esta práctica.
Se trata de diez modificaciones que tienen como objetivo brindar una protección reforzada al embarazo y la maternidad en el espacio laboral; visibilizar que la mujer embarazada y su bebé pueden sufrir afectaciones a su vida y salud a causa de este tipo de violencia; y establecer mecanismos para sensibilizar, atender adecuadamente y sancionar actos de discriminación laboral por embarazo.
Explicó que entre los alcances de esta serie de reformas están también como principio básico integrar el término “Discriminación Laboral por Embarazo” con el objetivo de visibilizarla como una forma de violencia ejercida en contra de las mujeres.
Subrayó que las autoridades tienen la obligación de difundir que la discriminación laboral por embarazo es un delito; proporcionar atención médica, psicológica y legal, especializada y gratuita, así como los servicios de salud mental, a quien sea víctima de discriminación por embarazo; y de implementar sanciones administrativas a los superiores jerárquicos del agresor cuando sean omisos en atender adecuadamente una queja de discriminación laboral por embarazo.
De igual forma, la diputada de Morena expresó que se contempla la obligación de emitir órdenes de protección necesaria a víctimas que han sido discriminadas en razón de su embarazo y maternidad.
Basada en un estudio hecho por Early Institute en el que se expone que esta práctica es más común de lo que se piensa, aún más en el sector privado; en ese sentido, Vences Valencia dijo que también se añaden las obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo registros homologados, confiables y desagregados sobre los casos de discriminación por embarazo, a fin de monitorear y dar seguimiento adecuado a la problemática.