Este 1º de septiembre arrancó una nueva Legislatura en la Cámara de Diputados. La LXIV que le precede deja sin duda avances notables en la actualización del marco jurídico de los grandes temas de las 74 zonas metropolitanas del país, pero también pendientes insoslayables. Destaca de entre sus avances en la materia, el haber reformado la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar la obligación de las municipios y zonas metropolitanas para conformar sus institutos de planeación municipales, multimunicipal o metropolitanos; así como el impulso de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, iniciativa que busca reducir la cantidad de muertes que en el país se generan por accidentes viales, estimadas hoy día en 45 diarias.
No obstante, deja inacabados proyectos tan relevantes como la Ley de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle de México. Recordemos que esta Ley surge como mandato Constitucional derivado de la Reforma al Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su apartado C. Dicha reforma constitucional fue la que dio origen a la actual organización de la Ciudad de México en sustitución del esquema anterior que normaba el funcionamiento del entonces Distrito Federal y determinó en sus artículos transitorios la obligación al Congreso de la Unión para legislar en materia de coordinación metropolitana del Valle de México.
Para conformar este marco normativo metropolitano del Valle de México, se presentaron importantes iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, por acuerdo de los titulares de los poderes ejecutivos de la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de México, en el marco del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México de fecha 9 de enero de 2019, la SEDATU, la CDMX y los Estados de México e Hidalgo, convinieron en impulsar en forma conjunta la Iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México.
Dicha iniciativa se envió a las tres legislaturas locales y, aprobada por unanimidad, fueron remitidas al H. Congreso de la Unión para su discusión y, en su caso, aprobación. Este hecho marca por si un precedente histórico. Por vez primera en la historia legislativa del país, tres estados envían una misma iniciativa para atender esta necesidad de reglas claras en la coordinación metropolitana. Y no es para menos, estamos hablando de la principal conglomeración humana del país. En febrero de 2020 fue aprobada en comisiones y hoy, sigue pendiente de su aprobación en el pleno y envío a la colegisladora, en este caso, la Cámara de Senadores.
La Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por 59 municipios Mexiquenses, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el Municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo es la metrópolis más grande en términos poblacionales del país. En los 7,866 km2 de su territorio, habitan según datos del censo 2020, 21,804,515 personas (48.3% hombres y 51.7% mujeres), dando como resultado una densidad de población de 2,772 habitantes por kilómetro cuadrado. Es también expresión de la diversidad política, social y económica de México y de los más agudo de sus problemas en materia medio ambiental, de seguridad y movilidad.
Este nuevo marco normativo debe surgir bien. De abajo hacia arriba, de lo local a lo nacional. Debe proporcionar esquemas flexibles, creativos e innovadores a la imperante necesidad de atender las desigualdades sociales en la mancha urbana, en la que unos gozan de vivir en una ciudad moderna, mientras otros deben, por ejemplo, invertir hasta cuatro horas diarias en sus traslados. Como todo cuerpo legal, es perfectible, pero establece avances importantes avances para materializar el llamado “Derecho a la Ciudad”; esto es, lograr que los habitantes de la zona metropolitana logren plenos derechos a una ciudad segura, ordenada, competitiva, próspera y ambientalmente sana.
La nueva Ley de Desarrollo Metropolitano permitirá al Valle de México contar con un fortalecido esquema de gobernanza metropolitana, mismo que incluya a los gobiernos municipales y alcaldiales, grupos organizados y residentes de una zona metropolitana, la cual permita orientar el desarrollo desde una perspectiva conjunta que incluya la planificación y la gestión del desarrollo metropolitano, con la finalidad de mejorar la productividad y crecimiento económico, planificar y tomar decisiones de manera efectiva, así como mejorar la coordinación de prestación de servicios.
Esperamos que la agenda legislativa de la recién instaurada LXV Legislatura de la Cámara de Diputados atienda no solo lo coyuntural, sino que aproveche su pluralidad y legitimidad política para mirar al futuro y atender los temas que verdaderamente importan al ciudadano, aquellos que impactan en el día a día y que hoy, no pueden seguirse soslayando en aras de la inmediatez y el cortoplacismo.
