El magistrado Jorge Abraham Ramírez afirmó que el gobernador de Chihuahua Javier Corral emprendió una persecución política en su contra por formar parte de la gestión del ex mandatario estatal César Duarte, quien hoy enfrenta cargos por peculado y sigue prófugo de la justicia.
“Lo que están haciendo es sesgar una investigación; al fin ellos tienen al Ministerio Público y a la Policía para meter a la cárcel al que se le atraviesa con el dicho de alguien, con testigos protegidos, de identidad reservada; y no tengo ningún problema en decirles que ellos están actuando de mala fe”, aseveró en una entrevista con 24 HORAS.
El también ex secretario ejecutivo del Centro para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal (CISPEN) fue suspendido de su cargo el 8 de diciembre de 2017 por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por participar presuntamente en un acto de peculado, producto de la compra de una bóveda de almacenamiento digital que, según la Contraloría interna, se pagó con un sobrecosto.
Por ésta se pagaron 14.2 millones de pesos, de los cuales 50% fueron aportados por la federación; y el 50% restante, por el Tribunal de la entidad, pero su precio real fue de la mitad, según un peritaje, por lo que se habrían desviado 7.1 millones.
Sin embargo, la empresa Infocom Sistemas de Información SA de CV, encargada de instalar el equipo, recibió el dinero completo en tiempo y forma y la única que contaba con la experiencia para hacer el proyecto, por lo cual se le asignó el contrato, según la carpeta de investigación No.- 19-2017-29320 de la Fiscalía General del Estado.
Ramírez es el segundo magistrado suspendido por la administración de Corral, 24 HORAS dio a conocer que Gabriel Humberto Sepúlveda también es acusado del mismo delito a pesar que la adquisición de la bóveda se hizo antes de que él entrara en funciones.
El ex titular de CISPEN detalló que Infocom recibió la cantidad total acordada (14.2 millones de pesos), “mandaron facturas en diciembre de 2015, y se les pagó una en abril y otra en junio de 2016. Ellos tuvieron que declarar ese ingreso a Hacienda, de hecho el pago se realizó directamente con el administrador del Fideicomiso que era Banobras”.
Explicó que la acusación recae en realidad en que supuestamente no tuvo el debido cuidado en la aportación del recurso, ya que la bóveda debía estar instalada en marzo y fue hasta mayo que se recibió, lo cual obedeció, explicó, a que el Tribunal cambió de domicilio, de Paseo Bolívar No. 800, colonia Centro, a Melchor Ocampo 119, colonia Barrio de San Pedro. “Situación que dolosamente el Consejo de la Judicatura no tomó en cuenta para señalar el retaso de la obra”.