El especialista y analista Daniel Zovatto aseguró que los venezolanos chavistas y maduristas sí que saben ser corruptos.
Esto, luego de que se revelara que empresarios y funcionarios del Gobierno de Venezuela durante la administración de Hugo Chávez (de 1999 a 2013) cobraron dos mil millones de euros en comisiones ilegales por ser intermediarios en la adquisición de adjudicaciones de empresa estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) por parte de compañías extranjeras.
En dichos movimientos estuvieron implicados al menos 10 personas, entre los que están exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares; de acuerdo con informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance; país en el que se ocultó el dinero.
Los pagos se abonaron entre 2007 y 2017 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), circulando en un sistema de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades de Panamá.
Zovatto consideró que el nivel de corrupción “además de indignación da asco, en una América Latina con la tasa de desigualdad más alta del mundo, con elevados niveles de homicidios (el triple del promedio mundial), con aún 30 por ciento de gente viviendo en la pobreza (promedio regional), con muy altos niveles de impunidad y con una marcada debilidad institucional y un precario estado de derecho”.
Aseguró que se necesita adoptar un consenso regional que no tolere de ninguna forma a la impunidad. “No basta con llevarlos a prisión, hay que imponerles penas de extinción del dominio sobre todos los bienes y dinero obtenidos vía corrupción”, aseveró.
Los dos mil millones de dólares saltaron posteriormente a paraísos fiscales como Suiza o Belice; por medio de una compleja estructura creada para enmascarar fondos, de acuerdo con las investigaciones.
De acuerdo con El País, la res estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como un primo de un extitular de PDVSA y directivos de la petrolera; además, estaban involucrados empresarios de seguros y préstamos.
El grupo aseguró que sus ingresos provenían de asesorías a empresas ante el ‘departamento de cumplimiento’ de la BPA, dedicado a prevenir la evasión de capitales.
