Por Guillermo Pimentel Balderas
Investigadoras y legisladores advierten que la recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México, por parte del PRD, PRI, PAN y “satélites”, busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de las empresas francesas Veolia y Suez.
Estas firmas europeas –al parecer favorito de Miguel Ángel Mancera-, son empresas que nacieron por el mal uso de recursos. El primer año la ciudad de París ahorro más de 8 millones de euros y bajó las tarifas a la población. Hay 235 ciudades en el mundo que cayeron en la privatización y ya tuvieron que dar marcha atrás, en algunos casos con Suez y Veolia.
Dos personajes, más serios opositores a la nueva Planta de Termovalorización de la Ciudad de México y de la nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Capital, concordaron en que la urgencia para aprobar ambos procesos de ley oculta serios intereses económicos a costa de las finanzas públicas de la ciudad e incluso del bienestar público de los capitalinos.
La coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Elena Burns y el diputado de Morena en la ALDF, César Cravioto, coincidieron -por separado- que la recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de la empresa francesa Veolia.
Elena Burns, también representante de la organización civil Agua Para Todos y el coordinador de los diputados morenistas, César Cravioto, expusieron que no hay ningún interés en ayudar a la gente, sino que Mancera busca antes de dejar la Jefatura local, más negocios multimillonarios por 30 años a costa de la economía, del medio ambiente y de la salud de los capitalinos.
“Miguel Ángel Mancera quiere dejarnos el acto de corrupción más grande en la historia de la ciudad”, aseguró el diputado Cravioto.
A decir de Elena Burns, son los intereses de las grandes empresas las que aceleraron la aprobación de la nueva ley de aguas, a fin de celebrar contratos antes de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, el año próximo.
“El principal objetivo de esta ley es firmar concesiones a largo plazo para la gestión del agua a favor de intereses privados, de modo que si el siguiente gobierno intenta cancelar los contratos, este tendría que pagar una indemnización y las empresas beneficiarias podrían acudir a los tribunales para defenderse y hacer valer los contratos”, señaló la investigadora.
A decir de la investigadora, el riesgo radica en que tanto Veolia como Suez, dos grandes pulpos internacionales en el manejo de sistemas ambientales, mantienen un historial de quejas, abusos, altas tarifas y mal desempeño, lo que ha provocado su expulsión de distintos países.
(Tomado de e-Legislativo.mx).