La ciudad de Orizaba, Veracruz, fue sede la semana del 6 al 10 de diciembre de este año, del XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, convocado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, organización internacional dedicada a la formación de autoridades y líderes de gobiernos locales que promueve el desarrollo municipal, la gestión pública local, la democracia y la gobernanza. Dicho Congreso analizó en forma general el tema: «El rol del municipio en el escenario post COVID: recuperación económica, innovación y transparencia en la gestión pública”.
En el marco del Congreso se analizó el papel que los servidores públicos municipales deben asumir para promover la integridad pública y la adopción de un código de ética que se establezca como respuesta a la corrupción tan generalizada en este ámbito de autoridad.
En efecto, el sector público en general y no sólo en México sino, al menos en Iberoamérica, vive una crisis de confianza y credibilidad. Los excesos de políticos y sus notorias corruptelas han erosionado la capacidad de los gobiernos para convocar a la ciudadanía a trabajar en conjunto, dificultando la tan necesaria participación ciudadana. Los escándalos en la función pública, a veces con repercusiones jurídicas y otras sumidos en la impunidad galopante, evidencian la fragilidad de nuestro Estado de Derecho.
Es un hecho que la figura del político carece de prestigio y hasta se ve como mal necesario en la sociedad. La respuesta, más allá de utilizar los mecanismos de la democracia participativa para corregir los excesos, ha permitido el arribo de personajes a los cargos públicos que se alejan del modelo del político profesional, con trayectoria, experiencia y claridad de proyecto.
La gente ha preferido elegir entonces a quienes menos parezcan políticos, con dotes para la farándula, poco serios, con personalidades histriónicas y, quienes bajo la fachada de ser ciudadanos (como si los políticos no lo fuesen), logran empoderar a improvisados, espontáneos y ocurrentes personajes que creen que para gobernar sólo bastan las buenas intenciones. Sin capacidad, sin claridad en sus decisiones ni un proceso de formación en la administración pública, terminan por hacer, como dice el refrán popular, más caro el caldo que las albóndigas.
¿Cómo lograr que los gobiernos locales cuenten con la confianza de la gente estimulando la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos?
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que la corrupción es un impedimento grave para el estado de derecho, ya que socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia, y entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación.
Pareciera que el antídoto es simple y llanamente, la honestidad. Pero ¿cómo puede realmente aplicarse, más allá de la narrativa oficial o de campañas políticas?
En primer lugar, la aplicación de la Ley, sin cortapisas o a medias. Ello requiere se garantice el respeto de los principios de primacía de la ley, erradicar la arbitrariedad y la impunidad y asegurar la transparencia procesal y legal. Desde el municipio, el gobierno electrónico es una alternativa. Mientras menos manos se involucren en un trámite, se reducirá la discrecionalidad. Aquí, la tecnología es nuestra mejor aliada.
En segundo lugar, la adopción de estrictos estándares éticos. Estos deben surgir desde la base del personal de los municipios, mediante procesos de dialogo colaborativo que permita impregnar en el servidor público la necesaria visión compartida de los códigos de conducta.
En tercer lugar, el servidor público local debe asumir el rol como agente de cambio, innovador y proactivo, que conoce el municipio y la dinámica de sus diferentes segmentos y sectores. Para ello, debe impulsarse un profundo sistema de formación profesional que, adicionalmente reconozca el mérito y genere oportunidades de estabilidad laboral y asenso. Cuando el trabajador municipal sabe que al término de la gestión vendrá su separación del cargo ya que vendrán nuevos equipos políticos, además del desperdicio de capital humano, se genera un incentivo perverso que alienta la corrupción.
El gobierno local debe asumir nuevos enfoques de la administración pública. Pasar de un modelo gerencial a uno relacional se ve como un verdadero cambio de paradigma. La administración relacional implica estrategias de comunicación y participación interna en las estructuras administrativas y externa con el entorno que las rodea; tomando parte de forma corresponsable en los procedimientos por distintos momentos secuenciales; aplicando los principios de transversalidad, transparencia, rendición de cuentas y participación.
Como gobierno de proximidad, el municipio es la instancia más cercana a la ciudadanía, por lo tanto, es el espacio de diseño de políticas públicas para generar la gobernanza con la participación e inclusión de los sectores social y privado.
El próximo primero de enero muchos gobiernos locales inician su gestión al frente de los municipios. En el caso del Estado de México, 125 municipios enfrentarán el reto de convencer con resultados sobre el porqué de la confianza en las urnas.
El Congreso de la UIM nos deja muchas reflexiones sobre los retos del municipalismo, entre ellos lograr articular las acciones para que nuestra sociedad logre una verdadera resiliencia después del Covid-19 que se geste en la gobernanza local. A la familia UIM nuestra felicitación por sus 30 años de trabajar con personas para las personas y compartir las buenas practicas de los gobiernos locales en Iberoamérica.
