La primera controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue presentada, a menos de nueve días de que venza el plazo legal para hacerlo.
Fue el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el que se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el contenido de dicha legislación, promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto.
Ignacio Molina, secretario general de gobierno de ese municipio, argumentó la violación a tres criterios básicos:
El de la Constitución federal que otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública; el que prohíbe al Presidente de México emitir una declaratoria para la intervención de las Fuerzas Armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento, y que las Fuerzas Armadas no pueden desempeñar funciones de seguridad pública, como dicta la Constitución.
Jorge Mario Pardo, ministro instructor de la SCJN, será quien examine y determine si la controversia constitucional procede y se continúa el trámite o se desecha de plano.
