Un juez de Distrito en Materia Administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para informar sobre las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar el impacto de COVID-19 en el regreso a clases presenciales.
La medida se aplica derivado del amparo promovido por el Movimiento Educación con Rumbo que busca que se garantice los derechos humanos y la salud de los niños de primaria y secundaria.
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Dicho amparo fue interpuesto en el Juzgado Noveno de Distrito por la organización misma, que recurrió a esta medida debido a que las autoridades educativas han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas ante la variante Delta del COVID-19.
Este jueves, el Gobierno de México indicó que durante el próximo ciclo escolar que comenzará a finales de agosto habrá clases presenciales aunque el semáforo epidémico esté en color rojo (máximo riesgo).
Durante una reunión virtual con gobernadores y autoridades estatales, el subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, explicó que el sector educativo será considerado como una actividad esencial y sin restricciones.
“Esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no esté sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo”, dijo Gatell sobre la reunión.
Explicó que por ahora las secretarías de Educación Pública y de Salud trabajan de forma coordinada para revisar la evidencia científica y técnica “sobre las mejores prácticas para garantizar el regreso seguro a clases presenciales y hasta el momento no existe demostración clara de que con la apertura de escuelas se registren grandes brotes de contagios”.
Con información de EFE
