La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró nueve locales en la Plaza de Santo Domingo, en donde presuntamente se falsificaban títulos, cédulas profesionales, certificados escolares, actas de nacimiento, pasaportes, y billetes de alta denominación, entre otros documentos oficiales.
En un comunicado conjunto, la PGR y la Secretaría de Educación Pública (SEP) detallaron que personal del Ministerio Público de la Federación, apoyado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desplegó un operativo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En la movilización se aseguraron los establecimientos provistos de un multifuncional, cuatro cortadoras, una prensa, una plastificadora, 11 máquinas para enmicado, 13 impresoras, 12 torres de almacenamiento de información tipo CPU, y un disco compacto con la leyenda “Datos personales”.
De igual forma se encontraron acetatos, plantillas y otros herramientas y aditamentos que presuntamente eran empleados para falsificar.
También se incautaron diversos documentos apócrifos, entre los cuales había 432 actas de nacimiento de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Veracruz, un acta de matrimonio, una de divorcio, y una de defunción.
Así como 14 pasaportes mexicanos, cinco visas americanas, 48 credenciales del sistema educativo nacional, 10 cédulas profesionales, 59 títulos de universidades públicas y particulares, 958 documentos del gobierno capitalino, 102 documentos federales de diversas instituciones públicas, y 130 licencias para conducir en el país, por mencionar algunos.
Dicha acción se llevó a cabo al cumplimentarse una orden de cateo otorgada por el juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de esta ciudad, con el apoyo de elementos de la División de Investigación y de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) que se inició la carpeta de investigación contra quienes resulten responsables.
La PGR subrayó que dicha acción fue resultado de una denuncia presentada por la Secretaría de Educación Pública.
