Alrededor de 24 casos de extradición, que en los últimos dos años han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran congelados, pues se espera una respuesta por parte de los ministros para continuar o parar en definitiva los procedimientos.
Otros tantos se encuentran en juzgados y tribunales federales de todo el país interpuestos por personas que, en los últimos años, han sido solicitadas por diversos países en extradición al gobierno mexicano.
Ante esto, ministros de la Corte perciben fallas en los procesos de extradición y consideran imperativo marcar pautas para respetarlos y aclarar que el ejercicio del derecho a la defensa de los extraditables no puede ser coartado y en todo momento debe ser respetado por la autoridad.
“Las autoridades involucradas en el procedimiento de extradición están obligadas a esperar la resolución de los juicios de amparo —y las revisiones y suspensiones que de ellos devengan— para poner a la persona a disposición del Estado reclamante y efectuar la entrega física”, señaló el ministro Arturo Zaldívar.
Y es que la ley establece que una vez que existe un juicio de amparo e inclusive la revisión del mismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede dar por terminado el proceso de extradición y notificar al Estado requirente el acuerdo que la concede, porque eso prácticamente significaría la ejecución de la extradición, lo cual traería como consecuencia la violación de diversos derechos del extraditable.
Por tanto, la Cancillería está obligada a esperar a que se resuelva el juicio de amparo —incluyendo la revisión— para que, en caso de que se otorgue la protección de la justicia federal, se cumpla la sentencia a favor del extraditable. Solamente en caso de que se niegue el amparo, la SRE podrá notificar al Estado requirente y ordenará la entrega del mismo.
Y es que al menos 176 demandas contra órdenes y ejecuciones de extradición han llegado a la Suprema Corte en la última década, las más recientes son las presentadas por el narcotraficante y prófugo de la justicia, Rafael Caro Quintero y la de Joaquín El Chapo Guzmán antes y después de ser llevado a Estados Unidos.
Extradición Exprés
El 18 de enero pasado, ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó atraer los dos amparos que El Chapo Guzmán presentó en contra de su extradición a Estados Unidos y que se analizaban en un tribunal federal de la Ciudad de México. Esa misma tarde, los magistrados del Colegiado fueron notificados de la decisión de la SCJN y al día siguiente fue extraditado.
La defensa de Guzmán Loera pretendía que alguno de los cinco ministros que integran la Primera Sala del máximo tribunal del país ejerciera su facultad de atracción; sin embargo, esto no sucedió durante la sesión privada del 18 de enero de 2017, por lo que los expedientes volvieron al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal para que se concretara su extradición.
Un día más tarde, los tres magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinaron por unanimidad negar el amparo a Joaquín El Chapo Guzmán y avalar así su inmediata extradición al vecino país del norte . Lo que se concretó horas después.
