Personas migrantes que intentaban ingresar a México entre el 20 y 23 de enero de 2020 por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN), acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A lo anterior, el organismo emitió la recomendación 50/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.
La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.
La CNDH precisó que al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas.
Además, documentó que hubo empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza que significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal.
La CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente.
Solicitó también inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.
Pidió colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza.
Al INM, la CNDH solicitó realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos.
Además, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto.
Finalmente, solicitó impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.
Con información de El Universal
