La opinión pública nacional ha encontrado en los sucesos de Guanajuato, en los que un artefacto explosivo cobra la vida de dos empresarios restauranteros en Salamanca, un motivo más para la incertidumbre y la zozobra. No terminamos el asombro de haber llegado a casi 100,000 homicidios dolosos en lo que va de la actual administración federal y contabilizar 83.8 casos al día, cuando ahora empezamos a escuchar de actos delincuenciales con tintes terroristas. Septiembre de 2021 ha sido, según el Informe de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el segundo mes más violento en lo que va del sexenio, pudiendo aún convertirse en el primero.
Ante estos hechos, los habitantes de las ciudades mexicanas parecieran estar condenados a resignarse a vivir en a la inseguridad, la violencia y la impunidad.
¿Qué acciones pueden hacerse, entre todos, para revertir este clima constante de inseguridad en nuestras ciudades?
En esta materia no hay recetas ni modelos prestablecidos. Tampoco es tema que competa solo a instancias gubernamentales o ámbitos federal o local; requiere un verdadero esquema de gobernanza, que involucre a los sectores público, social y privado.
La seguridad debe verse como un problema de origen multifactorial y de soluciones transversales e integrales. A propósito de un conversatorio sobre ciudades seguras que recientemente organizó el Instituto de Administración Pública del Estado de México, su Presidente, Arturo Huicochea, señalaba que “la seguridad de los mexicanos se construirá desde lo local o no será”, debo coincidir con tal aseveración.
El enfoque entonces debe venir desde la política pública comunitaria que ponga énfasis en la denominada prevención situacional del delito, vista como una forma de intervenir el espacio público para volverlo más seguro. Este cambio de paradigma se debe a que a través de la prevención situacional no se busca, exclusivamente, reducir el delito en términos cuantitativos de la incidencia delictiva, sino también en cuanto a la disminución de la percepción de inseguridad. En este sentido acciones como el diseño, la iluminación y visibilidad, el uso y ocupación de los espacios, la circulación y aglomeración, el hacinamiento y el deterioro ambiental serán relevantes para mejorar la percepción de seguridad.
El éxito de la prevención situacional del delito radica en que es una estrategia que se percibe como simple y con alto potencial para proveer soluciones a tipos específicos de delito. Expertos en el tema han señalado que “la prevención situacional (es) una respuesta pragmática al problema delictivo, ya que se basa en el hecho de que es más fácil modificar el medio ambiente que la conducta del agresor”, esto significa que al tener un espacio público que es utilizado por la comunidad y que está permanentemente vigilado se inhiben o acotan las posibilidades de éxito de un agresor.
En ese mismo sentido, ONU – Habitat ha impulsado el Programa de Ciudades más Seguras, estudiando las causas de la inseguridad y sus posibles soluciones. Actualmente, el Programa tiene un enfoque holístico, integrado a diferentes niveles gubernamentales y multisectoriales para mejorar la habitabilidad de las ciudades y la calidad de vida de las personas que viven en ellas, basado en el convencimiento de que una buena gobernanza, planificación y gestión urbana puede mejorar la seguridad de las vecindades.
Las grandes ciudades no tienen por qué ser inseguras. De hecho, algunas de las urbes más industriales del mundo son también las que menos crimen y violencia tienen en sus calles. Por lo menos eso es lo que demuestra el último índice de The Economist, que ha elaborado un ranking con las ciudades más seguras del mundo, el cual coloca a Copenhague como la ciudad más segura del mundo.
Ser ciudad no puede venir como una predeterminación hacia la inseguridad. El reto es entonces darnos a la tarea de “hacer ciudad”, buscar que el espacio público incentive una cultura de la paz e inhiba las conductas antisociales, antecedentes éstas de las conductas delictivas. Apropiarnos pues del Derecho a la Ciudad, entendido como el derecho a un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes, quienes tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica.
