El diputado Ricardo Flores Suárez (PAN) propuso reformar el artículo 71 de la Constitución Política para establecer que el Presidente de la República, en el mismo año en que se lleve a cabo un proceso electoral federal, deberá presentar al menos una iniciativa para trámite preferente con base en los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil.
La propuesta de reforma, presentada ante la Comisión Permanente, fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la de Juventud y Diversidad Sexual, para opinión.
Considera que es indispensable que en el mismo año en que se lleve a cabo un proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) envíe al Presidente de la República los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil para efectos de presentación de al menos una iniciativa para trámite preferente, a más tardar el 1º de septiembre o el 1º de febrero del año legislativo correspondiente.
Subraya que para resolver las distintas problemáticas de este segmento poblacional, “no es suficiente escuchar la voz del sector más excluido del país; lo que se requiere es vincular sus opiniones a nivel constitucional en aras de garantizar su desarrollo integral”.
Refirió que la Consulta Infantil y Juvenil, organizada por el INE, se realiza desde 1997 para que niñas, niños y adolescentes expresen sus ideas y opiniones sobre situaciones de la vida cotidiana, y que las y los legisladores del Congreso de la Unión conozcan sus resultados, así como los responsables de instrumentar las políticas públicas en la materia.
“Pese a los esfuerzos trianuales y concurrentes con las elecciones federales que organiza el INE, los resultados de las ocho consultas infantiles y juveniles no se han consolidado como temas prioritarios en la agenda pública nacional y tampoco existe un reconocimiento expreso en el marco jurídico nacional que vincule dichos resultados a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias”, enfatiza.
Añade que las opiniones expresadas en esos ejercicios posiblemente han sido escuchadas, pero continúan sin atenderse, como tampoco las más de 300 recomendaciones internacionales en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Señala que, es momento de asumir la responsabilidad con este sector poblacional, que “tendrán en sus manos el destino de este país, en un contexto globalizado con desafíos mayúsculos propios de una sindemia, que exige sentar las bases de un nuevo sistema efectivo de acceso a los derechos fundamentales”.
“Si realmente las niñas, niños y adolescentes constituyen la prioridad para el Presidente y el Congreso de la Unión, esta iniciativa con trámite preferente es la única garantía para confirmarles que no forman parte de la población en riesgo de un futuro incierto en un momento histórico mundialmente amenazante”, puntualiza.
Reconoce que ha habido avances en esta materia, como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero “la realidad que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes demanda de los tres órdenes de gobierno y del Congreso de la Unión principalmente, atención prioritaria con carácter de urgente en la agenda pública”.
