La Jornada publicó una información del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México sin antes haberse notificado al afectado.
Cruz Alberto Uc Hernández, solicitó Derecho de Réplica a este diario. Podría demandar penalmente a los actores de este asunto.
Se le involucra como ex delegado de la Sagarpa en Chiapas por supuestas irregularidades.
Por Guillermo Pimentel Balderas
¿Sabía usted que en los gobiernos del presidente López Obrador y de la Regente Claudia Shembaum, pomposamente llamado de la “Cuarta Transformación”, todavía hay funcionarios y magistrados conservadores o neoliberales?
Desde la anterior administración federal y local, no los han corrido por alguna causa. Bueno, ejemplos, en El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, y en la Secretaria de la Función Pública (SFP). En el tribunal, los encargados de otorgar justicia a los ciudadanos, se han convertido en una persecutora de ex funcionarios del anterior régimen y ventilar, antes de notificar a los afectados y, sin su consentimiento, en los medios de información, como sucedió recientemente en La Jornada.
El periodista Gustavo Castillo escribió y encabezaron su nota: “Niegan amparo contra inhabilitación y multa a ex delegado de la «Sagarpa”, publicado el día 3 de febrero a las 16 horas con 19 minutos, en el portal lajornada.com, replicado en la edición impresa del día 4 de febrero, asi como en la página de Facebook de La Jornada y, que en otros medios locales tomaron la información, religiosamente.
Según el colaborador de La Jornada, la información que trabajo esta publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el asunto identificado con el número 277/2022; pero, la pregunta obligada: ¿Cómo obtuvo o tuvo acceso a los documentos, antes de que se notificara al afectado?
Aquí, se da como fuente informativa a El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México; entonces, la cuestión es conocer quien le proporcionó dichos documentos o cómo se hizo de ellos el periodista. ¿Fue con autorización de un(a) magistrado (a) o de la sala? Como diría el gran Cantinflas: ¡“Ahí está el detalle”!
Pero, vamos al punto. El periodista escribió que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México negó la procesión de la justicia federal a Cruz Alberto Uc Hernández, quien se desempeñó como delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) en el periodo 2015-2018, en el estado de Chiapas y quien fue acusado de cometer irregularidades que afectaron a productores de maíz y frijoles, por lo que deberá pagar una multa de más de 57 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años de algún cargo público.
Señala la nota: “De acuerdo con información publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el asunto identificado con el número 277/2022, Uc Hernández buscaba que el Tribunal Colegiado modificara la resolución dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que a su vez avaló la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública”.
Sigue el artículo: “En 2019 la SFP estableció una inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público y el pago de una multa por 57 millones 200 mil pesos en contra de Uc Hernández, la resolución fue combatida mediante un juicio de amparos que sin embargo hoy determinó no serle favorable. De acuerdo con los antecedentes del caso la SFP detectó que durante su labor como delegado de Sagarpa en Chiapas, Uc Hernández no integró de manera correcta los expedientes de supuestos pequeños productores de maíz y frijol que recibieron beneficios del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). Luego de la resolución del órgano judicial en el caso identificado como 277/2022, el ex funcionario puede solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia”. https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/03/politica/niegan-amparo-a-ex-delegado-inhabilitado-de-la-sagarpa/
Mi Derecho de Réplica a La Jornada
Cruz Alberto Uc Hernández, acudió a La Jornada el pasado 9 de febrero, y entregó su Derecho de Réplica en la cual detalla que “Consagrado en el art. 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que algunas de las afirmaciones expuestas en una nota informativa del periodista Gustavo Castillo, están alejados de la verdad, de manera sucinta hace las precisiones que consideró necesarias en este momento, sin perjuicio de poder ampliar la relatoría de hechos y circunstancias que ha dado lugar a esta publicación.
Anexa documentales de prueba que desvirtúan las afirmaciones que en la publicación se realizan. Calificó de engañoso que “durante el periodo 2015-2018, fue delegado de SAGARPA del estado de Chiapas. Aclara que laboró durante el periodo de 1 de Enero 2017 a 7 Marzo 2018 en la delegación Chiapas, lo cual, según las reglas de operación del PIMAF 2016 fue después de que se haya relanzado y debió haber concluido dicho programa.
Afirma que de acuerdo a las documentales que tiene en su poder, NO EXISTE queja / Denuncia o Demanda por parte de algún Productor beneficiado, o lo contrario, perteneciente al programa PIMAF 2016 que se hace referencia a su participación de forma adversa a sus intereses.
Menciona que por medio de su representación legal podrán solicitar (cuyos datos anexó en hoja simple), copias de los elementos de prueba que demuestra los agravios a los cuales ha sido objeto, mismos que le motivan para llegar a las instancias necesarias para hacer valer únicamente la realidad y verdad, tanto moral como jurídica.
Le solicito a la Directora General de La Jornada, Carmen Lira Saade, que se publique este Derecho de Réplica en los mismos términos y medios, sean físicos o digitales, con la finalidad de hacer valer sus derechos humanos, así como se demuestre la ética periodística del medio, cumpliendo con los preceptos constitucionales a los que están obligados: imparcialidad y objetividad.
También, pidió saber cómo obtuvo su reportero Gustavo Castillo el expediente número 277/2022, por parte de El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, antes de que haya sido notificado oficialmente por esta autoridad. Aclaró que en ningún momento el citado periodista lo busco para saber su opinión al respecto.
Entrevista con Dr. Uc Hernández
En primer lugar, quiero dejar bien claro que este despropósito por parte del periódico La Jornada y del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, lo siento como un asunto de politiquería.
En primer lugar, explica, me siento muy tranquilo, con el apoyo de mi familia y muchos amigos, de quienes he sentido su voto de confianza en este proceso. No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, tenemos la razón y los elementos de prueba para finalmente ganar este asunto.
“Hace un año les gane un amparo, al demostrarles que todo el juicio que promoví en contra de la sanción impuesta por la Secretaria de la Función Pública, la realizaron en época de pandemia de manera ilegal, al no notificarme debidamente cada una de las actuaciones, es decir, no pude ejercer mi derecho a la Defensa. Por esta razón me concedieron el amparo. Sin embargo al ejecutarse la resolución del colegiado, la tercera sala determinó que tenía la razón, nunca me notificaron; es decir llevaron un juicio sin mi presencia, pero que no podían reponer todo el proceso, aunque explícitamente reconocen que todo fue ilegal, únicamente me notifican la última actuación que corresponde a la notificación de la sentencia”.
Señaló el agrónomo de profesión que es ante este acuerdo del tribunal sobre el que promovió un amparo directo, que “ahora resolvieron no concederlo, por motivos que aún desconozco, dado que aún no me han notificado el resolutivo, no obstante que ya la prensa ha tenido acceso a lo que publican en el portal de La Jornada”.
Uc Hernández ya documento más de 100 violaciones de la autoridad a sus derechos humanos y a las leyes y reglamentos aplicables en todo el juicio. “Se configura el delito de fraude procesal, por lo que estamos en la condición, ganando el juicio en cualquier instancia, demandar penalmente a los actores de este asunto. Y, demandar la reparación del daño, aquí no hay el dicho de disculpe nos equivocamos, este asunto tiene consecuencias penales en contra de los funcionarios que participaron en este fraude procesal”.
Resumen de los agravios acumulados.
1. No fue en mi año, el programa se ejecutó en el año 2016 y un servidor inició como delegado de Sagarpa en Chiapas a partir del 1 de enero de 2017.
2. No era la función del delegado, dado que las áreas operativas son las que tienen la responsabilidad de recepción, dictaminación y custodia hasta por cinco años de los expedientes.
3. Lo clasificaron como falta no grave y castigan como si fuera extremadamente grave
4. Iniciaron el juicio político después de que ya se había concluido el período para que lo hicieran; me sancionaron como si fuera servidor público, cuando ya no le era.
5. Se habilitaron con una ley para poner la sanción y me sancionaron con otra ley.
6. El tribunal llevó el juicio sin mi presencia por falta de notificación. Entre otras injurias.
“Seguimos luchando y elevaremos nuestra razón pidiendo el derecho de réplica a los medios que lo han difundido. Y, ante las autoridades, seguiremos con la estrategia legal. Son bien recibidas sus sugerencias y posibles consultas con abogados que deseen ayudar en este caso.
“Acudí al tribunal, sin haber sido convocado, para conocer oficialmente la notificación y prepararme para presentar el recurso de revocación”, enfatizó.
Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com
