Una pifia más de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, muestra y demuestra la ineptitud y falta de capacidad con que se han venido desempeñando en esta 4-T, aunque si nos vamos al sospechosismo, no sería raro que también la corrupción fuera motivo de este “supuesto error”.
JUICIO PERDIDO
El pasado 13 de noviembre del 2023, el diario Milenio dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) perdió el juicio en el que era el mayor escándalo hasta el momento de corrupción en el Poder Judicial Federal (PJF), por el que se acusó en el 2011 al ex secretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con una cuenta bancaria de 432 millones de pesos.
En ese tenor, el diario Milenio tuvo acceso la sentencia, dictada el 28 de junio de 2021 y que no se había dado a conocer públicamente, en la que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México absolvió a Esiquio Martínez y ordenó su liberación, tras diez años de permanecer en prisión.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estuvo detrás del asunto, pues sin su denuncia la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Maricela Morales, no habría actuado.
Y en el caso tuvo participación la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que actualmente es consejera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y en el 2011, se desempeñaba como secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF y fue quien pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le informara si Esiquio Martínez tenía alguna declaración informativa de salida o de internación al país de dinero, o algún reporte de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
Al investigado, Esiquio Martínez, se le acusó como probable responsable de un delito de enriquecimiento ilícito y dos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al igual que por delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal, pero no prosperaron esas acusaciones.
Pero esa investigación, afectó a dos de sus hermanos, al ser fueron llevados a prisión; aunque posteriormente fueron liberados al ganar los amparos, demostrándose que no había pruebas para acusarlos.
Esiquio Martínez cuando se dio a conocer el escándalo en el 2011, trabajaba bajo las órdenes de Álvaro Tovilla León, juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa.
El 28 de junio del 2021, fue dictada la sentencia que absolvió a Esiquio Martínez fue emitida y fue dictada el 28 de junio de 2021, por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, la cual no había sido dada a conocer públicamente.
Esiquio Martínez, meses antes de que se dictara la sentencia, le hizo llegar un escrito al presidente la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que denunciaba irregularidades en su proceso, solicitando su intervención al llevar nueve años cinco meses en la cárcel, solicitando que se dictara sentencia.
Importante destacar que quien solicitó a la entonces PGR investigar al ex secretario por inconsistencias en su patrimonio, fue Miguel Francisco González Canudas, quien se desempeñaba como director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del CJF, de acuerdo a lo que señala el expediente.
El ex secretario Esiquio Martínez señaló en la carta enviada al ministro Arturo Zaldívar, que todo se originó por una llamada telefónica de una persona que solo se identificó como integrante de Los Zetas, quien supuestamente le depositó diversas cantidades de dinero.
Y el 27 de mayo de 2011, a Esiquio Martínez lo detuvieron en el edificio de los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y fue trasladado al Reclusorio Norte.
Su asunto, fue radicado en dicho órgano por instrucciones del consejero de la Judicatura Federal, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, por tratarse de un asunto relevante, según le confió al investigado, un secretario del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales.
Ricardo Delgado Quiroz, Juez que presidia ese juzgado, se había desempeñado como agente del Ministerio Público cuando Cabeza de Vaca fue titular de la PGR.
En el proceso, Esiquio Martínez afirmó ser originario de Oaxaca y propietario de diversos locales de frutas y legumbres en la capital del citado estado, además de dedicarse a la compra y venta de vehículos, muebles, obras de arte y operaciones financieras, entre otras. Acreditando la licitud de todos y cada uno de sus ingresos con pruebas testimoniales, periciales, documentales públicas y privadas.
Pero el caso se cayó, porque el Ministerio Público recabó sus estados de cuenta sin orden de un juez, violando con ello el secreto bancario.
Las grandes dudas quedan flotando en el aire, ¿Culpable o inocente? ¿De dónde salieron los 423 millones de pesos depositados en su cuenta? ¿Causalidad o Casualidad que el Ministerio Público cometiera ese garrafal error? ¿Hubo corrupción para dejarlo libre? ¿Así se imparte la justicia en la 4-T? Usted que piensa estimado lector.
