Con el objetivo de apoyar a las familias damnificadas por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transfirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dos mil 183 millones 400 mil pesos, resultado de ahorros realizados durante el actual ejercicio fiscal.
La entrega de recursos, autorizada por los Órganos de Gobierno de la SCJN y del CJF, se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración, que suscribieron el Ministro Presidente y el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, como testigos de honor, en la sede de Alto Tribunal, acompañados de los Ministros Eduardo Medina Mora, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La transferencia se autorizó en respuesta a una solicitud de apoyos presupuestales para atender a la población e infraestructura afectadas por los sismos, que planteó la SHCP al Poder Judicial, en el marco del respeto de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
Los recursos entregados no son resultado de un subejercicio, sino de ahorros realizados en diversas áreas, tanto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura, por lo que su entrega no afectará ni el presupuesto ni los objetivos presupuestales, destacó el Ministro Aguilar Morales.
“Nosotros también conscientes de la problemática nacional, de la situación tan grave, en algunas entidades, algunas localidades que realmente se vieron no afectadas, sino destruidas totalmente, buscamos la manera de encontrar algunos recursos que no fueran necesarios, porque ya se hubiesen considerado los objetivos para los cuales fueron previstos, y que significaron ahorros en el ejercicio del gasto, como licitaciones o construcciones que resultaron menos costosas de lo que habíamos planeado”, precisó.
Los fondos, explicó, provienen de áreas como el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene un programa muy amplio de instalación de Centros de Justicia, y plazas que no se han ocupado durante todo el año, debido a que, en algunos casos, no se expidió la legislación para crear algunas instituciones que estaban previstas.
