Desde que comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua, en abril pasado, un total de 309 personas han muerto, 24 de ellas en la última semana, y al menos otras 158 están desaparecidas, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El informe del grupo fue publicado este martes, cuando se cumplen 75 días de protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante las cuales los manifestantes han sido víctimas de actos de represión policial y ataques de paramilitares que serán investigados por un grupo de expertos de alto nivel.
Las protestas iniciaron el pasado 18 de abril contra los planes del gobierno de reformar el sistema de Seguridad Social, pero la represión de las movilizaciones atizó el malestar de la población, que comenzó a exigir la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La ANPDH indicó que entre el 19 de abril y el 2 de julio documentó 309 víctimas mortales, de las cuales la gran mayoría son jóvenes de entre 18 y 30 años, seguidos por adultos varones de 31 a 40 años; y contabilizó el deceso de 25 menores de edad y 12 policías.
Señaló que 56 de las personas muertas son ciudadanos que aún no han sido identificados y refirió que 24 nicaragüenses fueron asesinados sólo en la última semana, del 25 de junio al 2 de julio.
El informe, presentado por el secretario de la ANPDH, Álvaro Leiva, precisó también que 203 ciudadanos han sido secuestrados por paramilitares, de los cuales 45 fueron liberados por gestión humanitaria de la asociación y de la Iglesia católica, mientras que 158 personas están desaparecidas.
Leiva expuso que la policía cuenta con centros clandestinos para las personas que son detenidas ilegalmente, por lo que la asociación estima que las trasladan para ocultar la evidencia de la violación a los derechos humanos.
“De ahí, la importancia de los organismos internacionales y nacionales para coordinar de manera articulada la investigación y lograr la justicia que demandan las víctimas”, agregó el secretario y confió plenamente en el trabajo de la comisión que indagará sobre los asesinatos y los ataques.
El equipo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que trabaja en Nicaragua registra decesos, detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participan en protestas y tranques, y una nueva modalidad de violación de derechos a través de la invasión de tierras.
La persecución también está abarcando a los familiares y vecinos de las personas identificadas, explicó la misión y lamentó que no se avance aún en relación al cumplimiento de las medidas cautelares para personas cuya vida o integridad física está en grave riesgo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, integrado por Amérigo Incalcaterra (Italia), Sofía Macher (Perú), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Pablo Parenti (Argentina), estarán seis meses en Nicaragua, evaluando la situación en el país e investigando los crímenes ocurridos para determinar a los responsables.
En este marco, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, pidió al presidente Ortega “escuchar el clamor del pueblo” y responder positivamente a la propuesta de adelantar las elecciones generales a marzo de 2019, para dar una salida rápida y pacífica a la crisis sociopolítica.
