De Frente Y Claro
Carlos Aguila Franco
MILLONARIOS COSTOS EN JUICIOSCOMERCIALES
Lo importante es aportar pruebas, no alegatos
En este nuestro querido México del que se dice que todo está bien, que vamos muy bien y que defender la soberanía es lo más importante, cuando nos enteramos de temas como el que hoy abordamos, respecto a los millones de dólares que se gastarán en los juicios comerciales, parece ser todo lo contrario.
Y es que para para el apoyo en litigios comerciales en contra de México en materia de concesiones mineras, expropiación de terrenos e incluso en el pago de TV Azteca, la Secretaría de Economía, enfrenta desafíos financieros tras la emisión de bonos de deuda y por ello tuvo que contratar por hasta 4.9 millones de dólares, que son más de 100 millones de pesos, a dos firmas legales de Estados Unidos y Canadá. De esto nos enteramos el 10 de febrero del 2025, a través de El Sol de México, quien consultó contratos en el portal de compras del gobierno federal, Compranet.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP, son los despachos contratados a través de un proceso de adjudicación directa por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional (DGCJCI), para proveer asesoría legal en materia de comercio exterior en Estados Unidos y Canadá respectivamente, y también en la solución de controversias entre los Estados que integran el T-MEC, la Organización Mundial del Comercio o en “irritantes comerciales” con ambos países,
Importante destacar que este es el segundo año consecutivo que se les contrata, porque a finales de 2023, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, obtuvo un contrato por un monto máximo de dos millones de dólares para la asesoría legal en el ejercicio fiscal de 2024.
De igual manera, en el mismo periodo, también se contrató a Tereposky & DeRose LLP, por un monto máximo de 800 mil dólares para la “asesoría legal y asistencia técnica en materia de litigio internacional de arbitraje” en procedimientos internacionales activos en contra de México.
De acuerdo a la documentación del 2025, existen al menos 23 procedimientos de demanda contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. Y entre los arbitrajes, las demandas son, en materia de minería, extracción de petróleo, arrendamientos de buques y pago de bonos de deuda emitidos por TV Azteca.
Uno de los arbitrajes que se encuentra activo contra México, se refiere a los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus) y Contrarian Capital Management, L.L.C. (Contrarian) debido a la falta de pago de bonos de deuda emitidos por TV Azteca, por más de 400 millones de dólares. Al respecto, la Secretaría de Economía, a través de una tarjeta informativa,publicada en octubre del 2024, señaló que varios acreedores iniciaron una serie de juicios contra la televisora en cortes de Estados Unidos desde 2022, a la par de que TV Azteca puso en marcha un juicio en México contra Bank of New York, la representante de los acreedores.
Posteriormente el Juzgado 63° Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una medida cautelar en favor de la televisora mexicana con el que se suspendió temporalmente el cobro de los montos adeudados por la empresa frente a sus acreedores. Cyrus y Contrarian argumentaron que dicha medida cautelar fue violatoria del TLCAN y que afectó sus inversiones, por lo que reclamaron al Estado mexicano una indemnización de 220 millones de dólares.
La SE aseveró que su estrategia legal va enfocada en demostrar que la controversia entre TV Azteca y sus acreedores, no es imputable a México, por lo que su defensa “tiene como objetivo demostrar que el Tribunal del Ciadi no es competente para conocer del caso y, con base en ello, el caso debe ser desestimado” señaló en su comunicado.
Por otra parte, el despacho legal canadiense, Tereposky & DeRose LLP, quienes de tener en el 2024 una asignación de 800 mil dólares, aumentó en el 2025 a un monto máximo de 2.9 millones de dólares, serán quienes asesoren a la defensa mexicana, en la demanda de Bancanora Lithium Limited, Sonora Lithium Ltd y Ganfeng International Trading Co. Ltd., debido a que la Dirección General de Minas (DGM) canceló nueve concesiones de litio en 2023 para operar el proyecto de minería de litio en Sonora.
En el mismo tenor, los abogados canadiensesasesorarán en el arbitraje interpuesto por la empresa minera Coeur Mining Inc., en la disputa sobre la retención del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en marzo de 2020, ante el Ciadi, exigiendo una compensación de más mil millones de pesos, acorde a una tarjeta informativa de la SE.
De igual manera, Goldgroup Resources, Inc (GG Resources) empresa canadiense, mantiene un proceso de arbitraje contra México, por considerar que no goza de los derechos de su inversión en la empresa DynaResource de México, S.A. de C.V. en 2011, ni de las ganancias en la operación del proyecto minero San José de Gracia, ubicado en Sinaloa. Por ello, la empresa solicitó una indemnización de cien millones de dólares a México en 2023, informó la SE.
Una más, es el litigio entre la empresa Legacy Vulcan, LLC contra el Estado mexicano, que debe resolverse en este 2025, debido a que, en septiembre de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, decretara la expropiación de más de 50 mil hectáreas de los terrenos de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, para convertirla en un Área Natural Protegida.
Razón por la cual la empresa aseveró a través de un comunicado, que el terreno “podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales. No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”, por lo que la empresa mantiene el litigio por casi dos mil millones de dólares contra México.
Preocupante y grave este tema de los juicios en contra de México, los cuales sinceramente de perderlos, como lo han sido la mayoría desde la pasada administración, y que además dejó otros más en herencia al nuevo gobierno, le costarán al país muchos millones de dólares, que convertidos en pesos serán miles de millones
Las dudas son, ¿se castigará a los responsables de llegar a esos juicios? ¿de dónde saldrá ese dinero para pagar? Usted que piensa estimado lector.
