Después de registrar 74 mil 646 solicitudes de refugio en el primer semestre de 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno espera la inédita cifra de 150 mil casos al cierre del año, todo un reto para un organismo con un presupuesto escueto y una capacidad limitada.
“La proyección es que podrían llegar a ser 150 mil (peticiones de refugio), que rebasaría de forma significativa el número tan grande que tuvimos en 2021 (129 mil 769 solicitudes, récord previo)”, admitió el coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez, en entrevista con EFE.
Este volumen récord -nunca antes se había registrado esta cifra a mitad de año- provoca que los procesos se demoren muy por encima de lo marcado por ley, 45 días, especialmente en lugares como Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, donde se registraron más de la mitad de las solicitudes.
“Los 45 días es un plazo puesto en 2011, cuando llegaban a México 800 personas anuales, hoy llega eso en dos días. Hay que hacer una revisión a nivel nacional, ver por qué estamos tardando lo que estamos tardando. En algunos lugares dicen que son cinco, nueve meses”, explicó.
Los escasos recursos que la Comar, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibe del Gobierno es otro escollo que tiene que sortear para enfrentar la oleada de peticiones.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023 les asignaron unos 48 millones de pesos (2.8 millones de dólares), solo 3 millones más que el ejercicio anterior, insuficiente ante una inflación que empezó el año en el 7.91 por ciento.
“Todos los años hacemos cabildeo para tratar de aumentar el presupuesto, pero no puedo presumir de que lo hayamos conseguido (…). Con las cifras del PEF, a estas alturas habríamos colapsado”, reconoció.
Por ello, para contratar al personal necesario y mantener operativas sus oficinas dispersas por todo el país, han buscado el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur -otro órgano del que Ramírez es titular- y de la sociedad civil.
“De la Coordinación son cerca de 60 millones de pesos (3.1 millones de dólares) de presupuesto, más que la Comar, por más absurdo que parezca. Y Acnur hace una aportación que nos sirve para la contratación de 187 personas, material, equipo, vehículos. Eso te lleva a estar algo menos mal, pero es insuficiente, porque el flujo no para y lo que hoy ayuda mañana es obsoleto”, alertó.
