Transcurrido exactamente un mes de las campañas electorales, hace unos días el Tribunal Electoral revocó el límite de financiamiento privado que reciben los candidatos independientes (SUP-JDC-222/2018), bajo el argumento de que este resultaba inequitativo frente a los recursos que reciben los partidos políticos.
En pocas palabras, los magistrados electorales inaplicaron la regla que establecía como límite de financiamiento privado a los candidatos independientes el equivalente al 10% sobre el tope de gastos de la elección de que se trate, por lo que se pasó a una flexibilización de este límite para que estos candidatos reciban una cantidad igual al gasto autorizado para los partidos políticos y, así puedan competir en condiciones de igualdad.
Pero, cuando pasamos estas cifras en limpio, nos encontramos que en el caso de la elección de Presidente de la República, a partir de esta resolución, su cifra autorizada de financiamiento privado será en números cerrados de 422 de millones, sumados a los 7 millones que reciben vía financiamiento público, lo cual en total da una escalofriante cantidad de 429 millones.
Pero, es aquí donde nos preguntamos, esta resolución no es contraintuitiva al reclamo ciudadano de que las campañas deben costar menos y, no es también la esencia de nuestro sistema mixto de financiamiento, que los recursos públicos deben prevalecer a los recursos de origen privado, medida que fue concebida para evitar la injerencia indebida de actores externos a las agendas de los candidatos, hecho que a partir de lo resuelto pone en tela de juicio la “independencia” que guardarán los independientes, cuando a partir de este nuevo límite se sujetarán a los intereses del mejor postor en el mundo privado.
Sin embargo, a pesar de comprender que se debe promover la equidad en la contienda entre los candidatos independientes y los partidos políticos, cuando leemos y escuchamos estas cifras estratosféricas, sin duda, vienen a nuestra mente cuestionamientos tales como ¿no genera esta resolución un incentivo para la entrada del dinero ilícito? ¿será capaz el árbitro electoral de fiscalizar este tipo de recursos?
Algunos dirán que el límite individual de las aportaciones que reciban los independientes resultará un muro para la entrada de dinero de dudosa procedencia, pero no es menos cierto que este tipo de decisiones adoptadas en medio del actual proceso electoral también allanan el camino para las triangulaciones de dinero que pondrán a prueba la coordinación del INE y las autoridades financieras ¿será esto suficiente?
Todo parece indicar que dadas estas reglas del juego, las actividades de auditoría jugarán un papel crucial para empatar los recursos aportados por las personas físicas con sus ingresos, pero esto crea más dudas que certezas, por lo que una vez más en un acto de fe, ante la improvisación que trae consigo el establecimiento de nuevas reglas ya iniciados estos comicios, no nos queda más que apelar a la buena voluntad de los actores políticos y esperar que no se abra un boquete en nuestra fiscalización que, malo que bueno, bastante trabajo nos ha costado construir y que no debe ser indiferente a un momento crucial que vivimos en nuestro país, el cual requiere de la consolidación de instituciones y reformas legales que atiendan a la debilidad del Estado frente a la crisis de impunidad y corrupción rampante.
@JorgeAljovin
