Las reformas a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Salud, Ley General de Educación y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -en materia de “derechos sexuales y reproductivos”- que el Senado se dispone a discutir en los próximos días son inviables y contrarias al interés de las mujeres, principalmente niñas y adolescentes.
El conjunto de reformas pone en riesgo la salud de las mujeres, eliminan de facto el principio de patria potestad e imponen el aborto incluso a menores de edad llevándolas a cometer ese delito, expresaron organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la República.
A través del colectivo Dales Voz, la sociedad civil llama al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y a los integrantes del Senado de la República a no caer en complicidad al apoyar y avalar cambios legislativos que desconocen normas y acuerdos nacionales e internacionales.
La iniciativa, que se trata de posicionar como una medida para evitar los embarazos entre adolescentes y bajo el supuesto de que éstos tendrán información en materia de anticoncepción, en realidad pretende imponer el aborto en todos los estados al margen de sus respectivas Constituciones y con medidas que rayan en la obligación.
Además, como parte intrínseca de la nueva norma, está implícita una violación a la Objeción de Conciencia del personal médico, al obligar a las autoridades de salud a pagar una indemnización por negarse a cometer un aborto.
Por ejemplo, citó la organización Dales Voz, con los cambios a Ley General de Salud se propone establecer servicios de anticoncepción y que estos estén disponibles en establecimientos de salud, en unidades móviles, incluso habilitar clínicas escolares o espacios de salud comunitaria, para fomentar su “disponibilidad y accesibilidad”.
Ello daría pie a establecer clínicas abortivas en centros escolares para que niñas menores a los 13 años puedan cometer aborto incluso sin el consentimiento de sus padres, sino a través de una solicitud a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otra inconsistencia mayor la representa la propuesta para que niñas mayores de 13 años puedan solicitar la práctica del aborto sin necesidad de la autorización de padres o tutores y sin la participación de las Procuradurías de Protección.
Bajo esta consideración, por ejemplo, si una niña o adolescente es víctima de violación tendría fácil y rápido acceso a un aborto, con pretexto de evitar o prevenir un embarazo adolescente, siendo una vez más revictimizada, sin importar la impunidad de su agresor sexual, en perjuicio de la víctima.
La propuesta de algunas senadoras del grupo de Morena en el Senado de la República es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, que establecen las obligaciones de la patria potestad, además, omite valorar las facultades de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los casos que se involucre a cualquier NNA sin importar su edad.
Dales Voz advierte que tan solo estas modificaciones desconocen la naturaleza de la creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de todos los Estados de la República, ya que su fin último es brindar apoyo integral y defender los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes, pero además despoja de la patria potestad a los padres.
- Te puede interesar: Arranca programa contra embarazos adolescentes en Tabasco
Recientes declaraciones de las legisladoras promoventes de las iniciativas de reformas, las cuales aún no tienen el consenso, han señalado que éstas tienen como finalidad brindar acceso a niñas, niños y adolescentes a información sobre todos los métodos anticonceptivos, “y de una serie de situaciones importantes para prevenir el embarazo”, sin que se atrevan a declarar públicamente que se propone llevar a menores de edad a cometer aborto, con todos los riesgos que ello representa para su salud.
La información que se ha dado a conocer hasta ahora es vaga e imprecisa, pero sobre todo omite el impacto de las medidas que se proponen aprobar. Por ejemplo, se cita que México es el país con más embarazos adolescente en el mundo, pero el dato es falso.
Según la tasa de fecundidad adolescente o la tasa de embarazo adolescente (que es el indicador utilizado para fines comparativos) México no es el número uno.
Si bien es un problema que preocupa y requiere de acciones para su disminución, no podemos compararnos con países africanos o incluso otros países de Latinoamérica, como Ecuador, Venezuela, Nicaragua o Guatemala, en donde registran tasas visiblemente más altas que México, según datos de la UNICEF de 2018.
Llevar a la imposición del aborto como una política pública de salud no solo pasa por alto leyes en los Estados de la República, sino que deja de lado el problema de fondo, que es la atención de toda la problemática inherente, como lo es la impartición de justicia a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, maltrato, trata, explotación infantil, problemas que están vinculados al fenómeno del embarazo adolescente, establecieron los grupos de la sociedad civil.
Precisaron que la iniciativa es una apología al delito en la que el legislador y todos quienes las respalden se convierten en cómplices, si se considera que el artículo 329 del Código Penal Federal, así como los códigos penales de las 32 entidades federativas, establecen que el aborto es un delito, por lo que la iniciativa es contraria a la legislación vigente. Un delito no puede ser considerado al mismo tiempo como un servicio de salud.
