Sin lugar a dudas la noticia de que tres Alcaldes fueron destituidos por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es algo que llamó mucho la atención no solamente por la acción, sino porque los juicios de despidos injustificados y adeudos son innumerables y los enfrentan muchos de los más de 2 mil 400 municipios de nuestro país.
La orden de la Suprema Corte de Justicia fue para los alcaldes de Coacalco en el Estado de México, Tlacotepec en Puebla y el de Paraíso en Tabasco, las tres por desacatar sentencias de amparo.
Llamando la atención el caso del Alcalde de Coacalco Erwin Castelán, porque incluyó y de otros 29 funcionarios y ex funcionarios municipales, entre los que están los integrantes del Cabildo, así como la consignación penal del anterior Alcalde y hoy diputado federal priísta David Sánchez Isidoro, por desacato reiterado a una sentencia de amparo.
Este ordenamiento no fue simplemente destituir al Alcalde en funciones, sino su consignación penal de Erwin Castelán y la de el diputado Sánchez Isidoro, quien también será procesado, sin que lo proteja el fuero, al tratarse de una sanción Constitucional de la Suprema Corte, que no está sujeta a las reglas para los delitos ordinarios perseguidos por las Procuradurías.
Como lo señalé, en Coacalco fueron destituidos el tesorero municipal, Luis Manuel Solano Urbán, así como la síndico Nora Luz Chávez Hernández y los regidores en funciones: José Enrique Flores, Carolina Castañeda, Israel Mosqueda, Cynthia Benavides, Fabricio Hernández, Liliana Santillán, Sergio Domínguez, Humberto González, Juan Antonio Flores, Luis Hernández Rodríguez, Jacqueline Ortega, Beatriz Monroy y Elvira Hernández. Todos ellos también serán acusados penalmente, al igual que los trece regidores y la síndica que integraron el Cabildo del Alcalde anterior, Sánchez Isidoro.
Los hechos por los que fueron sancionados, cesados y sujetos a proceso penal, el amparo en cuestión ordenó desde abril de 2013 pagar 4.1 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio. Pueden recibir una sentencia de 5 a 10 años.
Y por ausencia definitiva de todos los integrantes del Cabildo, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México serán llamados los suplentes respectivos. Si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponda, la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, designará a los sustitutos.
En el caso de Tlacotepec en Puebla, se ordenó separar del cargo y acusar penalmente al Alcalde, Pablo Pérez Maceda, así como a nueve integrantes del Cabildo. Por omitir el pago de 967 mil pesos a la propietaria de un predio de 400 metros cuadrados que fue invadido ilegalmente para una obra pública. Razón por la cual serán acusados por el delito de desacato a una sentencia de amparo, sancionado con 5 a 10 años de cárcel.
En el mismo tenor, Bernardo Barrada Ruiz, Alcalde de Paraíso, Tabasco emanado del PRD, fue destituido de su cargo al igual que los nueve regidores y dos directores del Cabildo. Ordenándose la destitución y consignación del alcalde, por hacer caso omiso a una sentencia de amparo en materia laboral, la cual obligaba a la alcaldía a reinstalar a 23 trabajadores municipales, así como a pagarles adeudos salariales por un monto de hasta tres millones de pesos.
Al resolver el incidente de inejecución de la sentencia 105/2017, el máximo Tribunal también ordenó consignar ante un juez penal a la anterior integración del cabildo, incluyendo al ex alcalde, por incumplir con esa misma sentencia de amparo.
El fallo del Tribunal se dio a pesar de que el actual ayuntamiento hizo dos pagos parciales a los afectados por montos de 50 mil y 10 mil pesos, cifras que no representaban ni el 1.8 por ciento de los adeudos con los ex trabajadores de la alcaldía, los cuales lograron que se les reconocieran salarios caídos por cifras que oscilan entre uno y tres millones de pesos, según el expediente.
La resolución también consigna ante un juez penal a la anterior conformación del cabildo que estuvo encabezada por el alcalde priista, Jorge Alberto Carrillo Jiménez.
Esta cruda realidad es muy grave dado que la acumulación de lo que se tiene que pagar por juicios de amparo laborales son millonarias, sobre todo en el Estado de México, donde como dice el dicho “si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar”, ha ocasionado mucha inquietud entre los alcaldes que tienen juicios pendientes o que no han cumplido con los ordenamientos.
Llegándose al caso de que algunos de ellos ya piden apoyo al gobierno del estado, por los altísimos montos que tendrán que pagar, porque hay caso de pagos que llegan a 80 y hasta 100 millones de pesos a una sola persona.
Y es obvio que cuando sucede este tipo de casos, principalmente por despidos injustificados, al darse el ordenamiento no le toca a la administración que despidió al trabajador, porque el proceso de la demanda y el juicio que no son nada rápidos. Correspondiéndole a la siguiente administración que es la que tendrá que pagar causándole un gran problema a sus finanzas. Llegándose al extremo de tener que vender terrenos municipales para buscar cubrir los pagos.
Es por ello que se debería obligar a pagar a quienes ocasionaron el problema, es decir al jefe inmediato de quien se le despide y al Alcalde, que debe estar enterado y aprobar ese despido. Ya que es muy cómodo hacerlo y después que el problema recaiga en la siguiente administración, o inclusive más tiempo, de acuerdo a lo que tarde el juicio. Y no esperar a que ese dinero tenga que salir del presupuesto municipal en turno.
Si esto se legislara, seguro los funcionarios y los Alcaldes la pensarían dos veces en cometer sus abusos de despidos injustificados o dejar adeudos a las siguientes administraciones. Y no tener que pagar montos tan altos, dejándose obviamente de hacer muchas cosas por esos adeudos.
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@CarlosAguilaFra
