Nuevamente vuelvo a tocar el tema de la CORRUPCIÓN, por ser un tremando mal que hay que acabar con él y, porque acabarlo fue la Bandera-Promesa-Compromiso con que López convenció, a 30 millones de ilusos (por no decirles de otra manera) que hoy a 20 meses de que llegó a mal administrar a nuestro país, si son coherentes, tienen vergüenza y calidad moral, deben estar arrepentidos y reconocerlo.
Pero, desafortunadamente para esos ilusos principalmente, y para el resto de los mexicanos que no votamos por él, la CORRUPCIÓN ni se Combate, ni se Detiene y menos se ACABA como afirma López Antes al contrario, ha AUMENTADO desproporcionadamente entre los funcionarios, e inclusive entre los familiares de López, como se han difundido los casos de su hermano Pío y la esposa de su otro hermano Ramiro.
SOSPECHOSISMO; ¿OTRO CASO DE CORRUPCIÓN?: La larga estela de CORRUPCIÓN que se viene dando desde el 1 de diciembre del 2018, sigue en aumento, y aunque existen denuncias, y en los propios Medios de Comunicación que no se han doblegado al autoritarismo de la 4-T se hace del conocimiento público, NADA o casi nada hace la FGR y la UIF, que están a los que les ordene YSQ.
En esa línea de cumplir con su compromiso hacia la sociedad, encontramos otro caso más que deja un enorme sospechosismo de CORRUPCIÓN. El 25 de septiembre del 2020, nos enteramos a través de la Columna de Peniley Ramírez en El Universal: “La oficinista que ganó 60 millones en Palacio. El ‘corrupto’ combate a la corrupción”. En la que da a conocer el caso de Yazmín Bolaños López, una mujer que trabajó siempre en empleos precarios, pero que en los últimos años ganó más de 60 millones de pesos como proveedora de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Peniley Ramírez realizó una investigación sobre esta persona, y esto es lo que narra en su excelente Columna. Lo destacado en “negritas” es de mí parte al considerar importante destacarlo. “Nació en febrero de 1988 y fue registrada por primera vez ante el IMSS en 1996. Tuvo su primer trabajo en julio de 2007, cuando aún tenía 19 años, como promotora de equipos educativos en una pequeña empresa en el Estado de México, donde ganaba salario mínimo. Documentos públicos que revisé para esta columna muestran que, en los meses cuando trabajó en ese lugar, estaba embarazada de su primera hija. La dieron de baja en ese empleo poco después del nacimiento de su niña.
Ese mismo 2007 obtuvo un título como técnica en informática administrativa en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Valle de Chalco, una escuela pública para técnicos medios en el Estado de México. Transcurrió una década hasta que consiguió nuevamente un trabajo formal. Entre marzo y octubre de 2018 fue registrada ante el IMSS como oficinista de un despacho de contaduría, con un sueldo mensual de 2,800 pesos. En esos mismos meses, Bolaños estaba embarazada de su segundo hijo, que nació en septiembre de 2018. Unas semanas después del parto, ante el IMSS ella fue dada de baja como empleada del despacho. En la oficina de contaduría, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, me dijeron que no la conocen.
Durante el segundo embarazo, Bolaños fue investigada por el INE. Encontraron que había rentado en 7 mil pesos una planta de luz en el Edomex al partido Vía Radical y que estaba registrada ante el gobierno de la Ciudad de México como persona física con actividad empresarial, con el rango de “micro proveedor”. La planta de luz fue rentada para una campaña local de Cristina Cruz Cruz, pero el gasto no fue reportado a la autoridad electoral. Cruz es ahora la súper delegada de programas sociales federales en Ciudad de México.
Medio año después de que la dieron de baja como oficinista, Bolaños firmó un contrato de adjudicación directa por 3.4 millones de pesos con la presidencia de México. Debía proveer escenario, vallas, mesas, monitores, señales de audio y video, generadores de electricidad, baños portátiles, tarimas, consolas de audio, sistema de iluminación, micrófonos profesionales y 10,000 sillas plegables para el festejo del primer año del triunfo electoral de López Obrador, un evento que se nombró como el AMLOFest, en el zócalo capitalino.
Bolaños tenía domicilio personal en la colonia Doctores y estaba registrada como persona de bajos recursos para recibir ayuda social de canasta básica. No encontré que allí, en Chalco o en la Agrícola Oriental, sus direcciones anteriores, tuviera algún registro como empresaria, una oficina de eventos, ni siquiera una bodega. Bolaños rentó cada silla acojinada en 60 pesos. Llamé a varios proveedores de fiestas en la ciudad. La cotización más cara por ese producto era de 250 pesos por un tablón con mantel y 10 sillas.
Desde el primer contrato para el AMLOFest, distintos medios han reportado que Bolaños ha ganado más de $60 millones con el gobierno, la mayoría con Presidencia. Este año, organizó un informe de López Obrador en abril de 2020, por 96 mil pesos, y el Grito de la Independencia, sin público, por 12 millones, tres millones más de lo que ella también organizó, en 2019. Bolaños es como un fantasma. No tienen redes sociales públicas, registros empresariales, nadie la conoce y no hay una oficina suya registrada en ninguna parte.
En la nómina del gobierno mexicano, hay dos personas con alto rango que se apellidan Bolaños López. Uno es el secretario particular del canciller Marcelo Ebrard y otro es subdirector de área en la Presidencia. No hallé, sin embargo, ninguna prueba de que estas personas sean familiares de la proveedora. En presidencia no respondieron a mis preguntas, ni a las preguntas de otros reporteros que han investigado este caso, de por qué esta mujer pasó de vivir de ayudas sociales a ganar contratos con presidencia, sin una explicación razonable. ¿Quién es esta oficinista que ha ganado más de 60 millones con la presidencia?”
Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras del 30 de septiembre del 2020, retoma el tema, esto es parte de lo publicado: “El millonario negocio de los “eventos presidenciales”. Detrás de Yazmín y de sus contratos millonarios, entre los que aparece la ceremonia del Grito de Independencia de este 2020 y también la de 2019, está el nombre de Julio César González Hernández, dueño de una empresa denominada Lightec, y quien de acuerdo con fuentes directas de la Presidencia, se encarga de operar y ejecutar los contratos para la organización de distintos eventos de la Presidencia, que van desde la conferencia mañanera hasta las reuniones e informes del Presidente, incluidas las mencionadas ceremonias del Grito y los mensajes que ha dado López Obrador en el Zócalo con motivo de sus 100 días de gobierno, primero, y luego por el primer año de su triunfo electoral. Julio César no suele figurar en contratos porque para ello utiliza a personas que prestan su identidad y sus datos para figurar como los contratistas oficialmente y cobrar los pagos que, hasta por 60 millones, han obtenido en lo que va de la actual administración.
Julio César presume de “vínculos directos” con Palacio Nacional y hace alarde de sus conexiones al más alto nivel, incluso para resolver conflictos que ha tenido con sus vecinos en la colonia San Lorenzo Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan, donde recientemente lo acusaron de construir de manera irregular una edificación que violaba los permisos de uso de suelo de la alcaldía. La anécdota se cuenta para ilustrar el nivel de contactos de los que se ufana Julio César González Hernández, quien, según las fuentes consultadas, trabaja directamente bajo las órdenes de Alejandro Esquer Verdugo, el secretario particular y hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador. Según esas mismas fuentes de Palacio Nacional, Esquer ha sido encargado directamente por el presidente López Obrador de manejar la logística y organización de sus eventos, no sólo ahora como presidente de la República, sino desde el año 2006 cuando fungió por primera vez como su particular en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
El funcionario sonorense, que conoció a López Obrador a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha manejado la organización de los eventos de López Obrador en sus tres campañas presidenciales y lo sigue haciendo, a través de sus operadores como González Hernández en la actual administración. No sólo eso, Esquer y su grupo de operadores también manejan la mayoría de las campañas de los candidatos de Morena en el país, a quienes proveen los servicios de templetes, sonido, sillería, mamparas, pantallas y demás insumos para la realización de mítines y reuniones.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, el dinero que está detrás de este negocio no necesariamente termina en manos de Alejandro Esquer, sino que presumen que parte de esos fondos son utilizados para actividades proselitistas y de promoción de la 4T. Esquer, aclaran, es un hombre que cuenta con toda la confianza y cercanía con el presidente López Obrador que le ha conferido, más allá del manejo de su agenda y sus asuntos oficiales, una calidad de operador político de plena confianza al que lo mismo le encarga los asuntos de Morena y la relación con el partido, que los manejos de los recursos y subastas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en el que recientemente su exdirector Jaime Cárdenas señaló directamente al secretario particular del Presidente como el responsable de las peticiones y presiones para que se cometieran actos ilegales en la venta y subasta de los recursos decomisados a la delincuencia y la corrupción.
Así que, aunque los costos y los precios de los eventos del Presidente en el actual gobierno de la 4T han disminuido notablemente, si se comparan con las tarifas que cobraban en el sexenio anterior la empresa Actidea, que tenía la exclusividad de los eventos del gobierno de Peña Nieto bajo un acuerdo con la familia de la primera dama Angélica Rivera, la realidad es que no deja de haber un jugoso negocio de millones de pesos con cargo al erario público detrás de esta actividad. La poca transparencia con que se manejan estos contratos, que en su mayoría se han otorgado sin licitación y por asignación directa en los casi dos años del gobierno lopezobradorista, confirman que en ese rubro no cambiaron mucho las cosas, pues al igual que sus antecesores, López Obrador entregó estos contratos a personas de su círculo cercano que han incurrido en las mismas prácticas del uso de “prestanombres” y empresas fachada para ocultar a los beneficiarios reales de los pagos millonarios por los eventos presidenciales.
Ya con los nombres esperamos ver si ahora tanto el Fiscal Camarada, Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizan su trabajo que es hacer CUMPLIR las leyes, y más aún en todo aquél que esté involucrado en casos de CORRUPCIÓN, tal y como lo PROMETIÓ, se COMPROMETIÓ y AFIRMA un día sí y otro también López que no hay paso atrás en contra de la CORRUPCIÓN. ¿0 se comprobará que sólo actúan por consigna en contra de los opositores de YSQ? Usted que piensa estimado lector de la CORRUPCIÓN totalmente Palacio.