La corrupción dentro de las campañas políticas ocurre por desvíos de recursos públicos por parte de los mismos partidos políticos, no por la injerencia del crimen organizado, puntualizó Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
En el foro regional sobre política nacional anticorrupción, que se lleva a cabo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Murayama dijo que la dependencia ha documentado el financiamiento ilegal en las campañas.
“A pesar de la estridencia, del temor que nos da el crimen organizado y de lo fácil que se llega a decir que pagan las campañas, la verdad es que lo que nosotros hemos encontrado y documentado, básicamente, es que las campañas se financian con el desvío de recursos públicos; y en la medida en que sea fácil para un presidente municipal, para un gobernador desviar recursos públicos, ahí estará la fuente abierta, y esos recursos se los llevan a paraísos fiscales, se compran propiedades en México, en el extranjero y a veces también pueden caer a las campañas“, explicó.
Recordó que el INE propuso sancionar con 36.4 millones de pesos al PRI luego de que se demostrara que el gobierno de Chihuahua, durante la administración de César Duarte, hizo aportaciones en efectivo de un ente prohibido, como la Secretaría de Hacienda y, recientemente, se tiene constancia que al fideicomiso para damnificados ingresaron montos por parte de empresas mercantiles, 40 millones de pesos en efectivo, pero se desestimaron las evidencias.
En 2017, el rebase de campaña al gobierno de Coahuila se documentó con información obtenida de Facebook, se trabajó con las empresas y; no obstante, “el tribunal electoral desechó investigación”.
Señaló que en Chihuahua hubo sanciones y en Veracruz se constató la creación de empresas fantasma para recibir recursos y pagar la operación de la campaña. “Esto, en Veracruz, lo sancionamos desde enero, todos los partidos se ampararon, eran siete, ante el tribunal y es hora que tribunal no ha dicho que va hacer de aquella investigación”, comentó.
“Y está también el fideicomiso para damnificados, donde tenemos constancia de cómo y dónde ingresó dinero de empresas mercantiles, 40 millones de pesos en efectivo, algunos de ellos en operaciones coordinadas, a la misma hora en cinco sucursales de la Ciudad de México, con un modus operandi donde se formaban las mismas personas, una y otra vez, con depósitos de 50 mil pesos. Hasta los videos tenemos pero como ustedes saben una noche de viernes por unanimidad el tribunal desestimó toda nuestra investigación”, aseveró el consejero.
“¿Qué es lo que necesitamos?, tanto en Coahuila como el caso del fideicomiso de los damnificados, nos enfrentamos a la descalificación de los partidos que habían ganado la respectivas elecciones. El INE no necesita una silla en el Consejo Anticorrupción, sino que desde las sillas del poder no se dinamiten nuestras determinaciones”, comentó Murayama.
Manifestó que por ahora, los partidos políticos y candidatos operan bajo el precepto de “no declarar gastos, de que voy a ganar y el partido pagada, de que yo ya soy gobernador, ya soy un alcalde, un diputado. Bueno, lo que necesitamos es que empiece haber responsabilidades sobre quién maneja éstos recursos de manera ilegal”.
