Totalmente contrario a lo que López afirma un día sí y otro también, de que YA NO HAY CORRUPCIÓN, aunque le de coraje a los “conservas”, la cruda realidad es que antes al contrario a lo afirmado y repetido, la Corrupción aumenta cada día que pasa de esta nefasta administración de la 4-T.
Innumerables casos se han denunciado y dado a conocer en los Medios de comunicación sin que hasta la fecha se haya hecho nada en contra de la Corrupción y de los Corruptos particularmente de funcionarios de la 4-T.
LA CORRUPCIÓN EN EL INDEP
Toca el turno ahora al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que más bien debería llamarse Instituto para robarle al pueblo lo devuelto, donde en abierta corrupción, este Instituto le dio un contrato del 2020 al 2023, por un monto de 465.5 millones de pesos, a una empresa que le da servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles para la zona este”. Destacándose que dicho contrato fue por adjudicación directa, sin licitación pública y llegándose al caso de hacer a un lado ofertas menores que se presentaron. Así lo dio a conocer Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras, en El Universal el 15 de noviembre del 2021.
Olvidando aquello de “transparentar y evitar la corrupción” que tanto ha pregonado y presumido López, el INDEP que surgió para el manejo, venta y enajenación de los bienes decomisados al crimen organizado, a funcionarios corruptos y al pago de impuestos en especie, respaldado por la Secretaría de Hacienda y basándose en los artículos 134 de la Constitución y 40, 41 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tomó la decisión de otorgarle a la empresa TDR Transportes, S.A. de C.V., además con sede en Querétaro, ese contrato multianual.
CONTRATO FIRMANDO EN EL 2020
Importante destacar que dicho contrato fue asignado y firmado para entrar en vigencia del 1 de marzo del 2020 y finalizar el 28 de febrero de 2023, cuando era Director Ricardo Rodríguez Vargas, quien después fue destituido. Y fue otorgado bajo la figura de “Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública”, por el Comité de Adquisiciones del INDEP, en una supuesta “sesión extraordinaria” llevada a cabo el 28 de febrero de 2020, “casualmente”, un día antes de que empezara el millonario contrato.
Asimismo, y siguiendo con las “casualidades”, también el 28 de febrero del 2020, se notificó a la Secretaría de Hacienda, quien también “casualmente”, sin la menor duda o sospecha de la premura del tiempo en que se les notificó y con la fecha en que entraría en vigor el contrato, firmó de recibida la notificación y a la misma empresa TDR, que igual en la misma fecha selló y recibió la notificación oficial de que había sido beneficiada por los 465 mdp. Llevándose a cabo toda esta operación “casualmente”, la sesión del Comité, la adjudicación y notificación de un contrato bastante inusual y bastante cuestionable,
Salvador García Soto aseveró también en su columna: “Parafraseando dos dichos y frases comunes del presidente López Obrador, este contrato del Indep, del cual tiene copia esta columna, “no suena lógico y más bien suena metálico” y tal vez, porque así lo citan y lo invocan en un claro esfuerzo de los abogados, “no sea ilegal, pero es totalmente inmoral”. Y es que tampoco son usuales las premuras con las que sesionó el Comité de Adquisiciones del Indep, que en una misma mañana aprobó una figura totalmente excepcional en la Ley de Adquisiciones, hizo la adjudicación y notificó a la empresa beneficiada, para que mandara sus documentos y se presentara a firmar el contrato en sus oficinas de Insurgentes Sur 1931, “dentro de los 15 días siguientes” a la adjudicación.
Especialistas en auditorías públicas consultados por esta columna coincidieron en señalar en que el monto de 465.5 millones de pesos es muy difícil justificarlo por adjudicación directa y no es una práctica usual en la Administración Pública federal adjudicar esos montos sin licitación, aunque en este gobierno se ha abusado de la figura de la adjudicación. En este caso, invocando los citados artículos de la Ley Federal de Adquisiciones, se invoca un principio de “excepción” aunque por el tipo de servicios de apoyo para administrar y enajenar los edificios e inmuebles que son adjudicados al Indep no parece justificarse que se trate de algo excepcional o un tema de seguridad nacional.
Incluso, para aplicar la figura excepcional de una adjudicación directa por ese monto, debió intervenir un “testigo social”, aunque no se menciona nunca en el contrato que hubiera existido esa figura y hubiera revisado la legalidad y conveniencia de un contrato por 4 años y por el monto mencionado. Los servicios que debe prestar la empresa TDR Transportes, beneficiada por ese contrato multianual, es la administración, dictaminación y enajenación de los bienes inmuebles (casas, edificios, ranchos, terrenos y propiedades en general) que son adjudicados al Indep. La misma empresa lleva muchos años recibiendo ese contrato, pero a la fecha nadie sabe a ciencia cierta cuál es el inventario real de los bienes inmuebles que tuvo antes el SAE y ahora tiene el Indep, a pesar de que éstos son propiedad de la nación”.
Así la cruda realidad de lo que se ha venido llevando a cabo en el INDEP respecto a Corrupción, que el caso citado por Salvador García Soto no es el primero, ni el único que como lo señale, han sido denunciados sin que López ordene que se aplique la ley y la Corrupción siga tan campante y aumentando cada día más, mostrándose y demostrándose que el Cambio prometido en campaña ha sido cambiar de la Mafia del Poder a la MAFIA EN EL PODER. Para eso votaron 30 millones de ilusos. Pobres, les vieron la cara, o como diría Paco Ignacio Taibo II, “se las metieron doblada”.
