En nuestro querido México seguimos padeciendo un enorme Caos por la inseguridad que día con día aumenta, siendo más violenta y sanguinaria. Y, por si no fuera poco, la fallida estrategia de “abrazos no balazos”, de López, resulta que los recursos que se les asignan a los estados para seguridad, no los han utilizado correctamente.
En ese patético y preocupante tenor, la Auditoría Superior de la Federación detectó que del 2019 al 2021, estos recursos que se destinan al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), no fueron aplicados se utilizaron como se debía, para comprar armamento, fortalecer a sus policías y prevenir la delincuencia.
En estos tres primeros años de esta nefasta administración de López y su Cuarta Transformación, se identificó que por lo menos 766 millones 874 mil pesos del FASP, que se entrega anualmente entre los estados, no se aplicó debidamente al menos en 28 gobiernos estatales, razón por la cual, deben aclarar en que utilizaron ese dinero o devolverlos a la Secretaría de Hacienda.
Por obvias razones, en al menos 12 de esas entidades, los índices delictivos se elevaron durante esos tres años, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).
Destacándose Aguascalientes, Morelos, Puebla y Michoacán, estados que más irregularidades tuvieron en el uso de esos recursos del FASP, y, asimismo, en ellos los homicidios y los feminicidios se elevaron. Llamando la atención que precisamente en estos cuatro estados, es donde se concentran el 56 por ciento de los recursos públicos federales del FASP, que presuntamente fueron utilizados de manera irregular, sumando, entre los cuatro, 436 millones 686 mil 796.35 pesos.
El estado que debe aclarar más recursos o devolverlos, es Aguascalientes, con 143 millones 492 mil 798.44 pesos de los años 2019 y 2021, cuando estaba gobernada por Martín Orozco.
En segundo lugar, está Morelos, con 114 millones 918 mil 662.50 pesos, con Cuauhtémoc Blanco como gobernador.
En tercero, Puebla tiene cuentas pendientes del FASP por 103 millones 365 mil 163.73 pesos, siendo gobernador el recién fallecido Miguel Barbosa.
Le sigue Michoacán, con que de los recursos del FASP usados irregularmente entre 2020 y 2021 ascienden a 74 millones 910 mil 171.68 pesos, de los que, la mayor parte, 64.7 millones, corresponde al 2021. En 2021, Silvano Aureoles dejó la gubernatura y al llegar el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se le entregaron 224 millones 492 mil 606 pesos, y el uso del 28 por ciento de esos recursos debe ser aclarado.
Entre 2020 y 2021, en Michoacán crecieron los delitos de narcomenudeo, que pasó de 2 mil 10 denuncias a 2 mil 514; los homicidios dolosos, de mil 976 a 2 mil 234; los feminicidios pasaron de 21 a 27 y las violaciones, de 340 a 427.
¿QUÉ ES EL FASP?
El FASP es un fondo mediante el cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.
Su normatividad señala, que los gobiernos estatales deben utilizar esos recursos federales en el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública; para el desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como en la mejora de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
De igual manera, puede usarse en la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, el fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información para la seguridad pública y de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, entre otras acciones.
Pero resulta, como lo detectó la ASF, que, en 28 de 32 estados del país, a los gobernadores, no les importo utilizarlo en lo que se establece en la ley, razón por la cual, la imparable inseguridad, violencia, que se vive día con día en el país, obviamente aumentó, al no tener las corporaciones policiacas los recursos necesarios para combatir, frenar y buscar erradicar esa inseguridad.
Lo importante es no solamente que los enteremos de esta grave anomalía, sino que realmente se les aplique la ley a los irresponsables gobernadores que no cumplieron con su obligación, sino que devuelvan el dinero, ya que eso es un acto y acción de corrupción.
Llamando la atención los porqués de no haberlo hecho, que va desde robarse el dinero, utilizarlo para la seguridad, o destinarlo a otras áreas o funciones. Sin dejar de sospechar que, por estar coludidos con la delincuencia organizada o el narco, simplemente no deciden reforzar la seguridad, dándoles toda la libertad a estos delincuentes para que hagan lo que se les pegue la gana, al no tener las policías estatales los recursos para que exista más vigilancia, estén mejor preparados, mejor armados, con mejores patrullas, etc.
Exigimos a las autoridades respectivas, que esto que es muy grave y peligroso para los mexicanos, no se quede solamente en una auditoría y quienes cometieron ese delito vayan impunes por la vida sin que los toque nadie, sean gobernadores de Morena o de otro partido. Sino que los detengan, procesen e insisto, devuelvan el dinero mal aplicado.
Porque si no, de otra manera, se seguirá actuando con la Impunidad que ha sido el sello de López y su 4-T, cubriendo todo acto de corrupción sin que se aplique la ley. Sumiendo al país cada día en un mayor caos, como ya lo señalé, por su fallida y cómplice estrategia de “Abrazos y no balazos” de López, sumándose esta no aplicación de recursos para seguridad.
