Luego de un año de jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados.
Aprobada vía fast track, primero en comisiones y luego en el pleno, diputados de oposición denunciaron que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación de los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.
La ley precisa que el Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual no debe exceder de un año, aunque podrá prorrogarse si persiste la amenaza.
Las manifestaciones de tipo social no serán consideradas como amenaza.
El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
