El secretario mexicano de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, informó hoy que más 5.000 integrantes de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia, sin la participación del Ejército ni la Marina.
“Son más de cinco mil efectivos de fuerzas civiles federales y tendrán que dar resultados positivos para la gente. No están participando en este operativo o despliegue ni el Ejército mexicano ni la Marina, sino las capacidades civiles que tiene el Estado mexicano y que son muchas”, expuso.
Señaló que el despliegue se realiza “en zonas urbanas fundamentalmente, en puntos muy conflictivos del país, de alto nivel de violencia”, y tiene por objeto “disminuir en un corto plazo estos niveles de crecimiento de violencia”.
Precisó que en principio el despliegue se realiza en Tijuana (Baja California), el corredor Los Cabos-La Paz (Baja California Sur), Ciudad Juárez (Chihuahua), el estado de Colima, el estado de Jalisco en dos puntos específicos, Chilpancingo (Guerrero) y Cancún (Quintana Roo).
En declaraciones a periodistas después de inaugurar una reunión de senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado Partido Verde Ecologista de México (PVEM), añadió que la operación se extenderá próximamente a Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.
“Estaremos dando informes permanentes de resultados. No es un tema de ver cuántos efectivos (funcionarios) mandamos, sino de ver los resultados que se tienen”, acotó.
En México se produjo un repunte de la violencia hace once años tras el lanzamiento de la llamada guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.
Este supuesto combate frontal al crimen organizado supuso la salida a las calles de los militares, donde han permanecido desde entonces efectuando tareas de seguridad pública.
En diciembre pasado, el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior, que formaliza y establece los lineamientos para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles, donde han sido acusados de uso indebido de la fuerza y desapariciones forzadas.
