Para la farsa que se llevará a cabo el próximo 1 de junio en que se “votará” por jueces, ministros y magistrados, llama mucho la atención los millones y millones que se gastaron en sus campañas, los cuales en global rebasaron los 300 millones de pesos, sobre todo porque acorde a lo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para este primer proceso electoral judicial, los aspirantes deben financiar sus campañas con recursos propios, ya que no está permitido uso de recursos de origen privado de terceros, de manera directa o indirecta, en efectivo o en especie, incluidos aquellos provenientes de sorteos, rifas, donaciones o cualquier otro medio de captación de recursos
Y la gran duda es porque si esos recursos los aportaron de su bolsa, habría que saber e investigar cuanto gasto cada uno de ellos y comprobarse se tienen los ingresos para gastar en esas campañas.
DANZA DE LOS MILLONES
En verdad llama mucho la atención que, de acuerdo al INE, del total de los egresos reportados, 362 millones 33,489 pesos, correspondan 238.9 millones de pesos a los gastos realizados por los 64 candidatos a la Suprema Corte, con lo que, en promedio, cada uno estaría gastando más de 3.7 millones de pesos, que es más del doble del tope de gastos estipulado por el INE que es de un millón 468,000 pesos.
Lo anterior, se conoce a escasos días de que finalicen sus campañas para la elección judicial, y las candidaturas, federales y locales, reportan haber gastado por lo menos 362 millones de pesos, de los cuales las y los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son los que más gastaron.
La información del INE, respecto a la fiscalización de las personas candidatas a jueces, magistrado y ministros, establece que, hasta el 16 de mayo del 2025, se habían registrado ante el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), gastos por 362 millones 33,489 pesos por parte de las 7,767 candidaturas a nivel federal y local.
Y de esa cantidad, 303 millones, 996,250.41 pesos los gastaron as personas candidatas a juzgadoras en el ámbito federal; y 58 millones 37,239.39 pesos los aspirantes judiciales locales.
De igual manera, resulta que, del total de los egresos reportados, el 66%, que son 238 millones 951,727.96 pesos, fue de gastos realizados por los 64 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reiterándose que, en promedio, estos candidatos habrían gastado hasta el 16 de mayo, más de 3.7 millones de pesos, que es más del doble del tope de gastos estipulado por el INE de 1 millón 468,000 pesos.
En tanto los mismos aspirantes a la SCJN sólo han reportado ingresos por 25 millones 450,023 pesos.
Ante lo cual es importante destacar que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el INE, rebasar el tope de gastos personales determinados por el Consejo General, es motivo de infracción.
Y siguiendo con los gastos de campaña, las y los candidatos a magistrados de Circuito y Apelación a nivel federal, se colocan en segundo lugar con más reporte de gastos, 35 millones 876,312 pesos, que corresponde al 10% del gasto total, seguidos de las candidaturas del estado de Nayarit, donde se registran gastos por 24 millones 606,256 pesos, siendo el 6.7% del total reportado.
El informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE también da a conocer que las y los aspirantes al Poder Judicial han registrado ingresos por 242 millones 822,081 pesos.
Al respecto de los eventos realizados, el INE tiene registrados 83,865 eventos de campaña, siendo el 59%, 49,464 eventos, de candidatos a algún puesto federal y el 41%, 34,401 eventos de aspirantes a un puesto estatal.
En tanto a nivel federal, más de 24,000 eventos llevaron a cabo aspirantes a magistrados de Circuito y de Apelación; 19,000 por candidaturas a juzgados de Distrito y 5,511 por las y los candidatos a la SCJN.
En el nivel local, los candidatos Tamaulipas realizaron 9,650, Chihuahua 4,471 y la CDMX con 3,343, destacándose como los que más registraron eventos de campaña, tanto privados como públicos.
Para conocer y registrar esa actividad de campañas, y poder corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de la información en los informes que presenten las candidaturas, la Unidad Técnica de Fiscalización, señaló que realiza los monitores, para identificar los gastos que deben ser reportados en dichos informes.
Y con esa información, se ha podido identificar, hasta el 16 de mayo del 2025, 208 notas publicadas en medios impresos, posiblemente pagadas por candidatos al Poder Judicial; 6,154 publicaciones en Internet y 69 casos de propaganda en la vía pública.
También se dio a conocer que han sido presentadas 63 quejas ciudadanas en contra de candidaturas, 7 por Aportación de ente prohibido, 5 por aportación prohibida en especie, 2 por ingresos no reportados, 44 por gastos no reportados, 3 por eventos no reportados y 2 por eventos que benefician a otra candidatura.
Recordándose que queda prohibido el uso de recursos públicos, en efectivo o en especie, provenientes del gobierno federal, local o municipal y/o alcaldías de la Ciudad de México, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos públicos autónomos.
Y que durante las campañas electorales, las personas candidatas a juzgadoras únicamente podrán gastar en propaganda impresa, producción y/o edición de imágenes, spots y/o promocionales para redes sociales, cursos de “media training” o entrenamiento de medios, producción y/o capacitación para la elaboración de contenido en redes sociales y cualquier otro destinado a la campaña judicial, pasajes terrestres, aéreos o combustible para sus traslados; así como los relativos a hospedaje y alimentos, dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura.
Así es como se han llevado a cabo las campañas para las elecciones del 1 de junio del 2025, aunque sería importante que informaran cuánto gasto cada candidato, y así poder darnos cuenta QUIÉNES le metieron más dinero, con la respectiva investigación para conocer de DÓNDE lo sacaron. Ya que quizás recordaron aquello de “un político pobre, es un pobre político” y no quisieron ser ni jueces, ministros y magistrados pobres.
Que grave y penoso si se comprueba que esos candidatos a jueces, ministros y magistrados hayan violado las leyes en sus campañas. ¿Se imaginan como serán si ganan? ¿Este es el cambio que ofrecen? Usted que piensa estimado lector, ¿se les debe investigar?
