Tras solicitar una prórroga por vacaciones de fin de año, el gobierno de México respondió a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC, sobre supuestas omisiones en la aplicación de la ley ambiental para la construcción del llamado Tren Fantasma, en Sonora.
El principal argumento del sector ambiental mexicano para tratar de que la CCA deseche la petición de organizaciones de la sociedad civil de realizar un Expediente de Hechos (Investigación a Fondo), es que el Rancho El Aribabi, un refugio privado de vida silvestre, por donde atraviesa el proyecto ferroviario, ya no era área natural protegida cuando comenzaron las obras.
La petición encabezada por el Centro para la Diversidad Biológica, con base en el artículo 24.27 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, establece que el gobierno mexicano avanzó durante más de un año con los trabajos sin los permisos ambientales requeridos, fragmentando el corredor biológico del jaguar en la reserva natural Rancho El Aribabi.
En la respuesta de 35 páginas, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó que no fue posible obtener una opinión técnica sobre posibles impactos por la Reubicación de las Vías Férreas de Nogales, debido a que los dueños originales del Rancho El Aribabi, presentaron la cancelación anticipada de los certificados que le otorgaban el estatus de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
La DGVS, detalló que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se quedó sin materia, porque los predios identificados como Rancho El Aribabi Fracción A y Fracción B, ya no cuentan con la protección federal, que tenían con la figura de ADVC, vigente desde 2011-2012, y que contemplaba un período de 15 años, es decir, hasta 2026-2027.
Con información de Excelsior
