Carlos Aguila Franco
¿DESAPARECERÁ LA PROPIEDAD PRIVADA EN LA CDMX?
Mientras los mexicanos que si pensamos y no somos lacayos de López ni estamos empinados, doblegados, como otros, entre los que sobresalen diputados, senadores, de Morena, PT, PVEM, gobernadores y funcionarios de Morena, estamos con toda nuestra atención con lo que sucederá con la nefasta y tirana Reforma Judicial, en el desgobierno de la CDMX, el jefe de gobierno sustituto, Martí Batres Guadarrama, obviamente por órdenes de YSQ, aprovecha y logran aprobar cambios a la Constitución de la CDMX relacionados directamente con los derechos de la propiedad privada.
Es por ello que para tener una opinión de quien sí sabe de leyes, retomamos lo que el 4 de septiembre del 2024, quien fuera Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, publicó su columna titulada ¿Adiós a la propiedad privada?,derivado de esos cambios a la Constitución de la CDMX, en relación a los derechos de propiedad privada.
Siendo esa columna parte del sinnúmero de críticas de los habitantes de la CDMX principalmente, pero también de los mexicanos de todo el país, ya que genera no solamente preocupación, sino un gran temor lo que han hecho en la CDMX.
De inicio es importante destacar lo que Ignacio Morales Lechuga expresó su opinión en torno a la decisión tomada por el gobierno de Martí Batres, calificándolo como “un golpe demoledor al derecho a la propiedad privada”, haciendo énfasis en que la derogación de un pequeño párrafo simboliza una amenaza significativa para cualquier propietario dentro de la capital.
Y recordando que la CDMX enfrenta y mantiene un problema de vivienda de tiempo atrás, por lo que Morales Lechuga señala que “eliminar del artículo 3° la mención del derecho a la propiedad como un derecho humano, es el preludio de una serie de expropiaciones posibles para gestionar desde el gobierno el problema de la vivienda”.
Esto comparándolo con las declaraciones de Martí Batres, en cuanto a la reforma de la que afirma que el propósito de tal propuesta es evitar que los grupos económicos más poderosos utilicen las normas locales para su beneficio.
Pero, el ex Procurador asevera que dentro de la capital existen 3.5 millones de propietarios que percibieron este cambio como un golpe directo y señala que “solo es el inicio de la demolición del concepto de propiedad privada, en cuyo lugar se ofrecen “concesiones” como si un inmueble privado fuera un bien estratégico o prioritario y no un derecho innato de las personas”.
Debido a que, al hablar de concesiones de un inmueble, en el caso de la propiedad privada, parecería que pasa por alto los derechos innatos del mexicano. Estas concesiones son permisos que otorgan el derecho de usar y aprovechar un bien bajo ciertas condiciones y por un periodo determinado, sin que el concesionario sea el dueño absoluto de dicho bien.
Obviamente el jefe sustituto de la CDMX, Batres, por su lado, ha sido punto central de críticas no solo en la Ciudad de México, sino de todo el país, al calificarse a esta reforma, de buscar debilitar la propiedad privada, y al mismo tiempo, darle el poder al gobierno, con lo que se reemplaza el control absoluto y perpetuo de los bienes por un esquema de concesiones temporales bajo la regulación estatal.
Pero Batres, ha asegurado en varias ocasiones, que la reforma no busca obstaculizar o meterse con el concepto conocido de propiedad privada si no establecer la supremacía del interés público sobre cualquier interés particular.
Es por ello que Morales Lechuga aclara en su columna, “ya el presente régimen estableció otras legislaciones agresivas en este sentido, como la declaratoria de reserva natural o de bienes del patrimonio cultural de la ciudad; o el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que dificulta la recuperación de un terreno invadido o la rescisión de un contrato de arrendamiento”.
Lo que contradice a Martí Batres, quien ha señalado que una de las prioridades es favorecer el desarrollo armonioso que le otorgué facilidades a aquellas comunidades más vulnerables, dejando en claro Morales Lechuga, que el esfuerzo de la administración actual por apoyar la construcción ha sido parco, o sea nulo. Dado que quienes lo intentan, “enfrentan un largo peregrinar de hasta 4 años para registrar una licencia de construcción, cuando en otros países de Latinoamérica no rebasa los 4 meses. Los resultados son evidentes”.
Ante los graves problemas que enfrenta el sector inmobiliario, el ex procurador hace notar como esta reforma pondrá en pausa la inversión de la industria inmobiliaria, que representa el principal ingreso de la ciudad, solo por detrás de los impuestos sobre nóminas.
Y para finalizar su análisis de esta reforma constitucional, menciona que ya una gran cantidad de bufetes jurídicos comienzan a realizar amparos y como lo más seguro es que se esté buscando una acción de inconstitucionalidad,por cómo esta reforma fue redactada, destacando que el daño a inversionistas ya está hecho, todo esto por parte de los partidos de oposición.
Verdaderamente patético lo que sucede en la CDMX, sobre todo porque si se hizo ya en la capital del país, que les impide hacerlo en todo México.
Pero lo más preocupante es que las protestas y críticas se han quedado solamente en algunos Medios de Comunicación y en redes sociales. Pero al parecer no se ha valorado en su real dimensión, hasta dónde puede llegar este tema. Hay que salir a las calles, hay que buscar los medios legales para defenderse, porque de otra manera, como bien lo cuestiona el destacado abogado y Notario, Ignacio Morales Lechuga ¿será el adiós a la propiedad privada?
En tanto ante la pasividad de movilizaciones y protestas por ese cambio constitucional del régimen de la propiedad privada en la CDMX, Batres solamente sonríe y sonríe, negándolo, aplicando aquello de “entre risa y risa, te meten la longaniza”. ¿Eso queremos para la CDMX y luego para todo el país? Usted que piensa estimado lector.
