* La actual administración liquidó el adeudo que se tenía por esas unidades.
* Fueron compradas por el gobierno de Patricia Durán pero no las pagó.
Con el objetivo de brindar certeza jurídica al parque vehicular, el Cuerpo Edilicio de Naucalpan aprobó incorporar al patrimonio municipal 242 unidades que fueron arrendadas en la administración de Edgar Olvera y compradas en el gobierno de Patricia Durán, que no las liquidó en su momento, motivo por el que no se contaba con las facturas correspondientes para su registro contable.
Durante la Centésima Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del Cuerpo Edilicio aprobaron por unanimidad el acuerdo que incorpora al patrimonio estos vehículos, entre los que se encuentran unidades tipo sedán, pick ups, patrullas con equipamiento, entre otras, del proveedor Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., con quien el gobierno de Durán Reveles celebró un contrato de adquisición en agosto de 2019.
Para cubrir el contrato, la administración morenista solicitó una línea de financiamiento con MICRO CREDIT, S.A.P.I, DE C.V., SOFOM, E.N.R., a efecto de que esta institución pudiera adquirir derechos de cobro de diversos proveedores, entre ellos, Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., sin embargo dicho crédito no fue pagado.
En octubre de 2021, a dos meses de concluir la administración de Durán Reveles, en la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles se informó que fueron “localizados en el inventario sin registro contable un total de 353 bienes, entre los cuales se desglosan 247 bienes pertenecientes al ejercicio fiscal 2020 (entre ellos las 242 unidades en comento), quedando pendientes de registro contable debido a la falta de facturas correspondientes, mencionando que se deberán de registrar en el activo, dado que ya cuentan con registro administrativo en el patrimonio municipal,”… (sic).
En 2022, MICRO CREDIT demandó al gobierno municipal el pago de 34.58 millones de pesos, de ellos 8.61 millones por intereses moratorios vencidos y no pagados, pero ambas partes firmaron un convenio para dejar el monto en 17.5 millones de pesos.
En febrero de 2023 se dio por concluido el juicio, al quedar el adeudo liquidado; posteriormente se llevó a cabo la validación de la autenticidad, vigencia e información de las facturas de las unidades referidas ante el Servicio de Administración Tributaria, para que pudieran ser incorporadas cabalmente al patrimonio municipal, previa autorización del Cuerpo Edilicio.
