A dieciséis años de la ley en la Ciudad de México que dio paso a la cancelación de la vida desde el vientre materno hasta las doce semanas de gestación, la única conclusión basada en evidencia es que el Estado claudicó en su responsabilidad de fomentar la salud y los auténticos derechos de las mujeres, además de que representa un desdén hacia la maternidad.
Así lo expresaron especialistas en derecho constitucional e investigadores sociales durante un encuentro para analizar lo ocurrido poco más de tres lustros después de la reforma que impuso el aborto en la CDMX y las implicaciones reales en las mujeres a partir de ese mal llamado “derecho”.
En este foro de análisis participaron Ingrid Tapia Gutiérrez, abogada constitucionalista; Diana Gamboa Aguirre, especialista en Derecho y Cándido Pérez Hernández, investigador y especialista en Política Pública, quienes dieron a conocer cifras y argumentos para sostener que está política, aprobada en 2007, resultó fallida.
En opinión del Mtro. Cándido Pérez Hernández, la medida de permitir cancelar la vida por nacer antes de las doce semanas de gestación no disminuyó la mortalidad materna, ni su práctica en la clandestinidad, como argumento que en ese entonces se dieron para aprobar está política pública en clínica y hospitales del gobierno capitalino.
“Hay estados que han disminuido la mortalidad materna y no han despenalizado el aborto, por ejemplo, los casos de San Luis Potosí y Guerrero que, si comparamos la razón de mortalidad materna hace quince años con la que existe ahorita, se ha reducido de forma admirable. El argumento respecto a la disminución de la mortalidad materna en torno a la despenalización del aborto no se sostiene”, dijo.
Pérez Hernández estableció que es obligación del gobierno, a través del sector salud, brindar todas las garantías para evitar que una mujer tome la decisión de terminar con la vida de su hija o hijo. Al respecto subrayó que hay 13 mil casos reincidentes, es decir, que cometen aborto más de una o dos veces, lo que nos dice que a miles de mujeres no solo no se ofrecen alternativas.
Otro ángulo es el de la violencia que hay detrás del aborto. Esa violencia queda impune cuando se le deja a la mujer sola en su decisión, sin que el Estado y las políticas públicas les otorguen alternativas reales que no pasen por acabar con la vida del hijo en su vientre. Al no haber sanción a los agresores sexuales, por ejemplo, la impunidad crece auspiciada desde esa política fallida que es el aborto, todo ello en detrimento de la mujer, dijo el investigador.
A su vez, Ingrid Tapia Gutiérrez, abogada constitucionalista, expresó que esta política “es un exterminio humano” porque este acto lleva intrínseco que una madre acabe con la vida de su propio hijo ante el total abandono y ausencia del Estado que la deja a su suerte.
“Los estados chafas, los claudicantes, los omisos, los corruptos, abandonantes, son entusiastas para abrazar el aborto como política pública porque les conviene y, en ese entorno, las mujeres tienen que abrazar el aborto como política privada, como decisión privada porque están solas”, sostuvo la experta en derecho constitucional.
A manera de conclusión, los ponentes indicaron que es preocupante que se mantenga esta política pública de aborto porque 1.- no se dan alternativas para que una mujer no tome este tipo de decisión; 2.- no resuelve la vulnerabilidad y discriminación hacia la mujer; y 3.- no protege la vida humana. En el fondo el aborto es un negocio multimillonaria de hombres en detrimento de las mujeres de México, y ese arista esta ausente del debate público y de la intervención del estado mismo.
La realidad, dijo la experta en derecho constitucional Diana Gamboa, es que desde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha impuesto un “activismo judicial” que pasa por alto la soberanía de los estados de la República que sí tienen derecho a legislar en materia de derecho a la vida, pero se les desconoce ese facultad, pero sobre todo porque se intenta imponer una ideología en las resoluciones jurídicas.
